Publicado: 24/04/2013 18:47
El Banco Central Europeo responsabiliza al Gobierno de la subida de precios. Lo hace en su informe anual en el que asegura que los precios subirán un 2,1% como consecuencia de las medidas fiscales del Ejecutivo.
"La variación impositiva continuará teniendo un efecto alcista sobre la inflación en los ocho primeros meses de 2013", afirma el BCE
Según los cálculos del BCE, la subida del IVA que Hacienda decretó en el mes de septiembre produjo un repunte de los precios del 0,7% en 2012. Sin embargo, el impacto de esa subida continuará durante al menos los ocho primeros meses del 2013 en los que el Banco Central espera un repunte de los precios del 1,4% como consecuencia del aumento del IVA.
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Si se tiene en cuenta que la previsión de inflación para todo el año ronda el 2% y que en el mes de marzo el IPC ha cerrado en el 2,4%, más de la mitad de la subida de precios que actualmente vive España puede atribuirse a la política fiscal del Ejecutivo.
El mayor impacto de esas políticas se ha sentido en Portugal donde el IPC se dispara un 1,9% seguido de Grecia (donde los precios subieron un 2% en 2010 y un 3,5% en 2011 como consecuencia de la nueva fiscalidad impuesta por la Troika) y Finlandia.
"La consolidación fiscal debe continuar"
El BCE, sin embargo, anima a continuar con los ajustes al afirmar que "aunque la consolidación fiscal podría dar lugar a un deterioro temporal del crecimiento económico, un ajuste presupuestario bien diseñado conduce a una mejora permanente de los saldos estructurales y, por tanto, tiene un efecto favorable sobre la evolución de las ratios de deuda en relación con el PiB" --afirma el BCE-- que concluye: "la preocupación por el crecimiento debería afrontarse acelerando las reformas estructurales y del sector financiero".
"La preocupación por el crecimiento debería afrontarse acelerando las reformas estructurales", concluye el BCE
En su boletín, hay un mensaje casi directo a los países que han recibido fondos para los rescates soberanos o financieros, es decir, Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre y España, al recordar que "los países que están recibiendo asistencia financiera de la UE y el FMI deben respectar íntegramente los compromisos adquiridos".
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