¿Otra subida del IBI? La recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles aumenta un 47% en lo que va de crisis

El Impuesto de Bienes Inmuebles es el único del marco tributario español que ha conseguido disparar su recaudación en lo que va de crisis. De acuerdo con los datos manejados por el informe de la reforma fiscal, entre 2007 y 2012 los ayuntamientos lograron engordar sus ingresos por IBI un 47,8 por ciento, desde los 7.267 millones de euros recaudados en 2007 hasta los 10.739 millones que se embolsaron en 2012.

De poco importaron todas las alza de impuestos, cuyo impacto la Comisión de la reforma fiscal sitúa en el entorno de los 13.000 millones de euros: el total de los ingresos públicos descendió un 11,8 por ciento entre 2007 y 2012. Sin embargo, al mismo tiempo, los municipios sí que fueron capaces de elevar su recaudación, salvando sus cuentas a costa del esfuerzo del ciudadano. No en vano, se trata de la única Administración que en la actualidad registra superávit, en parte porque también tuvieron más facilidades para ajustar sus plantillas y empresas adscritas (pinche en el gráfico a continuación si desea ver los ingresos públicos a mayor escala).

El incremento tan brutal del IBI se debe al repunte de tipos, la eliminación de bonificaciones, el alza extraordinaria que aplicó el Gobierno y las actualizaciones del catastro, que en ocasiones según la OCU no respetan el límite legal del 50 por ciento del valor de mercado, sobre todo después del hundimiento de los precios de los inmuebles.

Mientras que en el mismo periodo el IVA perdía un 9 por ciento, Sociedades caía un 55,6 por ciento y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actas Jurídicas Documentadas se desplomaba un 66,7 por ciento, los municipios escaparon indemnes a la sangría. No hay escape posible cuando se trata de la vivienda en propiedad.

Los expertos de la reforma fiscal apuntan que este fenómeno ha ocurrido en toda Europa, donde se han elevado “de forma generalizada los impuestos sobre la propiedad, en especial la propiedad inmobiliaria, como consecuencia tanto de su difícil ocultación como de la idea de que un tratamiento preferencial de la adquisición y propiedad de este tipo de activos ha podido estar detrás de la burbuja inmobiliaria que han experimentado muchos países”.

Hasta que estalló la burbuja, las Comunidades Autónomas se beneficiaron especialmente de unos ingresos más elevados por las transacciones inmobiliarias. Sin embargo, en opinión de los expertos, "la imposición sobre la propiedad es más reducida", y precisamente ese contexto tributario "explica que los españoles inviertan más en la vivienda que los europeos". De hecho, el FMI ha recomendado que se sustituya el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que pertenece a las Autonomías por una imposición más elevada sobre la propiedad. Y la OCDE abunda en la misma línea, insistiendo en que España haga permanentes los incrementos recientes del IBI a cambio de reducir el ITP de las CCAA.

En resumen, la idea consiste en gravar más la tenencia, cuyos ingresos son más estables, que la venta, cuya recaudación es más procíclica y además penaliza la actividad. Y eso mismo han planteado los expertos en su propuesta de reforma fiscal. Éstos abogan porque la valoración catastral se acerque a la de mercado y que el importe del IBI sea algo por debajo del 1 por ciento anual de esa nueva valoración catastral. Es decir, una subida aún mayor del impuesto.

Los autores de la propuesta de reforma fiscal sostienen que el plazo medio de rotación de las valoraciones catrastales alcanza los 21 años, si se tiene en cuenta que el Catastro actualiza unos 1,8 millones al año y hay casi 38 millones de inmuebles urbanos. Y en parte achacan a ese retraso el que la tributación por esta figura resulte demasiado baja. 

Aunque todavía tardará un tiempo hasta que se acondicione la normativa, la dirección general del Catastro ya tiene preparado el llamado "valor de referencia", por el cual puede actualizar cada año todas las valoraciones catastrales de forma generalizada según la evolución del mercado y gracias a la información que se obtiene de notarios, registradores y agencias de tasación. Sólo queda que Hacienda decida acometer esta subida antes o después de las elecciones de 2015.