Corrupción

Hacienda admite la necesidad de una agencia nacional contra la corrupción pública

España sólo tiene cuatro agencias de ámbito local o autonómico de lucha contra la corrupción, que registraron 146 denuncias en 2018

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero EFE

El Ministerio de Hacienda ha publicado el primer informe de supervisión de la contratación pública en España, en el que reconoce la necesidad urgente de crear una agencia nacional para luchar contra la corrupción que cuente con los recursos necesarios para actuar.

"Se constata la inexistencia y necesidad de una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que recoja las principales líneas de actuación, respecto del asesoramiento, la formación, el procedimiento de la investigación y, en su caso, las posibles sanciones que pudieran existir en la materia", señala Hacienda en su informe, en el que pide potenciar la labor de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, diseñada ya sobre el papel para cumplir esta función.

Aunque existen en el país agencias dedicadas a la lucha contra la corrupción, éstas son de ámbito local o autonómico (Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Barcelona...), pero no hay a nivel nacional una organización que persiga la corrupción en la contratación pública, el ámbito más común en el que se produce.

Las agencias de ámbito local y autonómico recibieron en 2018 un total de 146 denuncias de casos de corrupción en la contratación pública

Sí existe el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, pero esta institución tiene un ámbito de actuación limitado a los casos en los que haya intereses financieros de la Unión Europea.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que se utilizó para trasponer dos directivas europeas, diseñaba un sistema de gobernanza nuevo para la contratación pública que persiguiera la corrupción en este ámbito. 

Esta ley ya contemplaba la creación de una Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, que vigilaría el cumplimiento de la normativa de contratación y coordinara la función de supervisión de la contratación, pero todavía se encuentra todavía en proceso de creación.

Desarrollo reglamentario urgente

En febrero de 2019, en uno de los documentos remitido por la Comisión Europea a España, advirtió de que la Oficina "goza de independencia funcional garantizada por ley, pero actualmente carece de los recursos suficientes para una realización efectiva de sus objetivos y está lejos de tener una posición prominente. Esto podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con otras instituciones y organismos".

Esta misma recomendación de Bruselas fue reiterada en junio. Ante esta situación, Hacienda recomienda "abordar el desarrollo reglamentario que dote a la Oficina de los medios suficientes para ejercer las funciones de investigación", y que todavía no se ha llevado a cabo.

"Se identifica la necesidad de potenciar la labor de la Oficina en la prevención y lucha contra la corrupción en materia de contratación, llevando a cabo una coordinación a nivel nacional que garantice coherencia en las actuaciones en todo el sector público, con arreglo a sus competencias en la materia de prevención y lucha contra la corrupción en la contratación", señala.

146 denuncias en 2018

Las agencias de ámbito local y autonómico antes mencionadas recibieron en 2018 un total de 146 denuncias de casos de corrupción en la contratación pública: 59 en la Comunidad Valenciana, 52 en Cataluña, 30 en Barcelona y 5 en Madrid.

El 54,11% de los denunciantes recurrieron al buzón como medio de denuncia. De las 146 denuncias presentadas, 112 han dado lugar a la apertura de un procedimiento o expediente de investigación, mientras que 34 han sido archivadas.

Respecto al tipo de irregularidad denunciada, un 30% se refieren a irregularidades en los procedimientos de licitación, adjudicación o ejecución; un 26,4% son por conflicto de interés o incompatibilidad; y un 15% son por trato de favor a un único contratista.

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