Economía

El Gobierno maniobra ahora para liberar 4.500 millones a las autonomías antes del 10-N

La medida ha desatado las críticas de la oposición y de presidentes de varias comunidades autónomas, que lo consideran un "chantaje" con intereses electoralistas

El presidente del Gobierno en Funciones Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno en Funciones Pedro Sánchez. EFE/Ballesteros

Después de meses de tira y afloja, el Gobierno en funciones parece haber encontrado un "resquicio legal" para abonar a las comunidades autónomas unos 4.500 millones de las entregas a cuenta que adeuda a las autonomías, según ha adelantado este sábado el diario El Paíscitando fuentes de La Moncloa. Una medida que ha desatado la indignación de la oposición y de presidentes autonómicos como Alberto Núñez-Feijóo o Quim Torra, quienes consideran que el cambio de rumbo del Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez obedece a fines electoralistas.

El Gobierno se negaba a liberar las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA que se les adeuda a las autonomías, por valor de 7.200 millones, alegando que no tenía ninguna vía legal para hacerlo efectivo estando en funciones. Una versión que fue ratificada por un informe de la Abogacía del Estado al que tuvo acceso Vozpópuli, en el que se destacaba que desbloquear esos fondos supondría rebasar el despacho ordinario de asuntos públicos al que está limitado un gobierno en funciones para no hipotecar la acción de un futuro Ejecutivo.

Sin embargo, la información de El País afirma que el Gobierno de Sánchez considera ahora que como no habrá nuevo Ejecutivo hasta finales de 2019, o incluso hasta 2020, de esa manera no condicionará al próximo inquilino de La Moncloa, por lo que espera liberar los fondos en un plazo de 10 días, a poco más de un mes de las elecciones del 10 de noviembre. 

Fuentes del Gobierno citadas por Efe han confirmado que el Ministerio de Hacienda trabaja intensamente para encontrar una solución que permita abonar a las comunidades autónomas las cantidades pendientes de las entregas a cuenta y "confía" en encontrarla "cuanto antes", aunque no han querido pronunciarse sobre si sería en un plazo de diez días.

Las citadas fuentes se limitan a indicar que Hacienda confía en encontrar una solución a un problema que es muy complejo a nivel técnico y dicen no poder aventurar si se hallará "durante este mes, el siguiente o el otro". "Tenemos claro que ese dinero tiene que estar cuanto antes en manos de las comunidades autónomas y que su financiación no puede depender de que haya Presupuestos o Gobierno, pero la situación es la que es", han asegurado.

Críticas de la oposición

El cambio de rumbo del Gobierno ha desatado las críticas de los líderes de la oposición y de varios presidentes autonómicos. El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer "comprar voluntades con el dinero de los contribuyentes". 

Desde Ciudadanos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de reírse de las comunidades por la financiación autonómica, tras apuntar que Hacienda no ha notificado a Madrid que tenga previsto desbloquear importes para las regiones. Y la diputada María Muñoz ha mostrado su sorpresa: "Moncloa dice que van a hacer una reinterpretación del informe de la Abogacía del Estado".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galica, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar al Gobierno central "la totalidad del dinero" que el Estado debe transferir a las comunidades autónomas y lo ha acusado de gobernar de forma "frívola y sectaria".

"Lamentablemente nos están tomando el pelo", ha asegurado este sábado en unas declaraciones en Mar del Plata, durante su visita a Argentina, en las que ha reiterado que la Xunta tenía razón "desde el primer momento", ya que "no existen razones objetivas para explicar el porqué de no pagar todo el dinero que se les debe a las comunidades".

Para el máximo responsable del Ejecutivo gallego, esa deuda es necesaria para "que no haya tensiones de tesorería", para "poder pagar en tiempo y plazo la extra de Navidad, los fármacos del mes de diciembre y la dependencia" de los más mayores de ese mismo mes.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado las informaciones como "otra maniobra electoralista de Pedro Sánchez" y se pregunta "¿qué ha cambiado de antes a ahora? Simplemente, que habrá elecciones y el PSOE pretende sacar rédito electoral de la asfixia a la que nos ha sometido".

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha dicho en su cuenta de Twitter que las palabras de Hacienda suponen un "engaño tras engaño" y ha calificado la medida de "chantaje".

Informe abogacía del Estado

En su informe de 13 de páginas remitido el pasado 27 de agosto a la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, la Abogacía del Estado concluía que el Ejecutivo no tenía vías legales para liberar los pagos a cuenta: "Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las Comunidades Autónomas".

La razón principal, explica el documento, es que un Gobierno en funciones no puede aprobar medidas que introduzcan directrices políticas o que condicionen las que debe ejecutar el próximo Gobierno, y aprobar esta financiación vulneraría este precepto.

Sin Gobierno antes de 2020

Con la convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre es muy poco probable que se vaya a constituir un Gobierno antes de que acabe 2019, lo que abre la puerta a que el Ejecutivo en funciones abone esas cantidades sin saltarse el dictamen al respecto de la Abogacía del Estado. Y a eso parece agarrarse ahora el Ejecutivo de Sánchez.

Ese órgano, integrado en el Ministerio de Justicia, apuntó en agosto que el Gobierno en funciones no podía realizar los citados pagos -correspondientes a la mejora de la recaudación tributaria durante este año- porque con esa medida podría condicionar la actuación del siguiente Ejecutivo.

Con los plazos actuales, y dado que estos pagos se corresponden con 2019 y deberían efectuarse antes del 15 de diciembre, el Ejecutivo actual puede alegar que su abono no condicionará la actuación del próximo Gobierno, que se formará en todo caso en 2020.

El pasado jueves, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que "casi" tiene lista una solución, aunque hay que "dejar que trabajen los cuerpos técnicos del Ministerio, que son los que definitivamente la tienen que validar".

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