Publicado: 01/11/2018 05:15
La cancelación del proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México lleva camino de ser el último episodio de conflicto para grandes empresas españolas en Latinoamérica, donde acumulan una larga lista de litigios derivados de su participación en grandes proyectos de infraestructuras o en compañías de la zona. La suma de las inversiones comprometidas en operaciones canceladas o reclamadas ante diversos tribunales de arbitraje supera los 8.000 millones de euros.
Aún es pronto para determinar si la controvertida decisión del Gobierno mexicano liderado por López Obrador de echar abajo el proyecto del nuevo aeropuerto tendrá consecuencias judiciales, aunque todo parece indicar que así será dada la cantidad de contratos adjudicados, el montante de la operación (en torno a 13.000 millones de dólares) y los numerosos afectados por la decisión, entre empresas y tenedores de los bonos emitidos para financiar el proyecto.
Entre los perjudicados, las empresas españolas FCC y Acciona, que forman parte del consorcio liderado por Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim (principal accionista de la primera), adjudicatario del principal contrato de construcción del aeropuerto, valorado en algo más de 3.000 millones. La participación conjunta de las compañías españolas se aproxima a un tercio.
Por el momento no ha trascendido el plan del Gobierno azteca para compensar a los afectados por la cancelación del proyecto, aunque los contratos establecen que en ningún caso son canjeables por unos similares para la realización de planes alternativos.
Reclamaciones a Perú
En los últimos meses, dos procesos de arbitraje han sido presentados por grandes empresas o consorcios españoles contra la República del Perú en el Ciadi, la cámara de resolución de conflictos del Banco Mundial. En su día, el consorcio encargado de la construcción de la línea 2 del metro de Lima, liderado por FCC y ACS, reclamó daños al Gobierno local por retrasos en las obras provocados por la demora en la entrega de terrenos y la concesión de permisos y licencias. La cuantía solicitada se sitúa en el entorno de los 300 millones de euros.
Por su parte, Enagás también ha iniciado un proceso en el Ciadi en relación con la compensación que debería recibir por el rescate por parte del Gobierno peruano de la concesión del Gasoducto Sur, adjudicada en su día a un consorcio liderado por Odebrecht, en el que Enagás era socio minoritario. La imposibilidad de cerrar la financiación por la implicación del grupo brasileño en un escándalo de sobornos a diferentes gobiernos latinoamericanos a cambio de contratos hizo inviable el proyecto.
Por entonces, a comienzos del pasado año, Lima aseguró a Enagás que recuperaría la totalidad de la inversión en un plazo máximo de tres años. Sin embargo, la marcha de las negociaciones entre las partes ha llevado al gestor del sistema gasista español a reclamar esta cantidad (algo más de 350 millones de euros) al tribunal de arbitraje.
El arbitraje interminable del Canal
No es la única empresa del sector energético en esta situación. Naturgy interpuso este verano un proceso de arbitraje contra Colombia por el proceso de intervención y posterior liquidación de su filial de distribución eléctrica Electricaribe, en el que solicita una compensación de unos 1.500 millones de euros. El pleito se presentó ante el tribunal de resolución de conflictos de Naciones Unidas (Uncitral), aunque se está gestionando a través del Ciadi.
Con todo, la madre de todas las reclamaciones de empresas españolas en Latinoamérica se encuentra en Panamá, donde Sacyr aun mantiene recursos pendientes por valor de más de 4.000 millones de euros relacionados con el contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal.
Un proceso que se ha convertido en interminable debido a la gran cantidad de casos presentados y también al complejo esquema contemplado en su día en el contrato, que prevé tres fases para resolver los conflictos: la reclamación ante la Autoridad del Canal de Panamá, el recurso ante una junta de resolución de disputas (DAB) y la llamada definitiva ante el tribunal internacional de arbitraje de Miami, en el que están acabando todos los casos.
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