El Gobierno trabaja a fondo en medidas para tratar de abaratar el recibo de la luz

El recibo de la luz será una de las prioridades del Ministerio de Transición Ecológica con vistas a lo que resta de legislatura. El departamento que dirige Teresa Ribera ya trabaja en encontrar fórmulas que permitan cambiar el escenario que actualmente se presenta en España, que cuenta con una de las facturas más caras de la Unión Europea pese a que los precios de la energía no son ni mucho menos los más elevados.

El Ministerio tiene claro el objetivo pero no tanto cómo conseguirlo aunque, al menos a corto plazo, todo pasa por la parte regulada del recibo, compuesta por la carga fiscal y los denominados peajes eléctricos, con los que se financian partidas como el déficit de tarifa y los costes de las extrapeninsulares.

Precisamente, el Ministerio de Transición Ecológica anunció este jueves que se ha puesto manos a la obra para desactivar las medidas adoptadas por el anterior Gobierno respecto a reservarse la fijación de los peajes eléctricos en detrimento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La medida ha sido anunciada a la Comisión Europea en tanto en cuanto quiere evitar que el expediente sancionador que abrió el Gobierno comunitario a España por este hecho, contrario a la normativa europea, derive en una sanción económica para el Estado.

Es el principal motivo de esta estrategia para la que el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha propuesto al organismo regulador la creación de un grupo de trabajo para estudiar la mejor manera de legislar sobre esta materia. Pero no es el único. La intención del Ministerio también es recomponer una situación que considera que carecía de sentido y que no favorecía en nada la estabilidad del recibo eléctrico.

Efectos a corto plazo

La estrategia energética del nuevo Gobierno pasa por un impulso decidido de las energías renovables que, además, ha contado con un importante espaldarazo comunitario reflejado en el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión para elevar hasta el 32% el, objetivo de renovables para 2030 (cinco puntos porcentuales por encima del fijado anteriormente y dos puntos por encima de la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario).

Mientras, la intención del Gobierno es que las renovables ocupen el lugar que irán dejando las centrales térmicas y las nucleares. La apuesta por la energía de respaldo es el gas. En la hoja de ruta se contempla que la progresiva inclusión de las energías renovables en el mix energético permita abaratar los precios en el mercado mayorista, lo que repercutirá en el recibo.

Sin embargo, este efecto es de largo plazo y la intención del Ministerio es articular medidas que permitan que el coste de la luz para los ciudadanos se modere antes de que se deje sentir el avance de las renovables.

El objetivo es complicado pero, al mismo tiempo, prioritario. La ministra Ribera y su equipo cuenta con el tiempo como factor en contra, toda vez que apenas quedan dos años de legislatura, que incluso podrían ser menos si se decidiera un adelanto electoral. También juega en su contra la dificultad que tendrá el actual Gobierno para sacar adelante normas en el Parlamento y la dependencia del apoyo de formaciones políticas con significativas diferencias entre sí.