Estiba

El Gobierno se plantea dar el sí a los estibadores tras la oferta de rebaja salarial de los sindicatos

La reunión de este martes entre Gobierno, patronal y sindicatos de la estiba concluyó sin acuerdo pero con algunos avances que las urgencias de la pasada semana impidieron. La oferta sindical de rebajar un 6% los salarios podría convencer al Ejecutivo aunque, en ningún caso, incluiría la reivindicación de la subrogación en el nuevo Decreto Ley.

Un momento de la reunión que representantes de la patronal y de los sindicatos de los estibadores
Un momento de la reunión que representantes de la patronal y de los sindicatos de los estibadores SANTI DONAIRE

No hubo acuerdo pero, al menos, sí diálogo en torno al futuro de la estiba entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Propuestas, contrapropuestas, tiras y aflojas. Todo lo que las urgencias de la pasada semana, en la víspera del debate en el Congreso acerca del Real Decreto Ley que reformará el sistema y que, finalmente, fue derogado por la falta de apoyos del Gobierno. En la última reunión, los sindicatos respondieron a la propuesta del Ejecutivo con una rebaja salarial que, por el momento, no ha sido mal recibida en Moncloa. Ya es algo.

Durante otro eterno encuentro, de más de cinco horas de duración, los representantes de los trabajadores trasladaron al Gobierno y la patronal una proposición consistente en una bajada media de los salarios del 6%, una cuantía aproximada de algo más de 25 millones de euros anuales, que iría destinada tanto a contribuir a las prejubilaciones propuestas por el Ejecutivo como a medidas para impulsar la productividad.

A cambio, los sindicatos exigen que el sistema de prejubilaciones que puso el Gobierno deprisa y corriendo encima de la mesa la pasada semana sea algo más flexible. La oferta del Ejecutivo consistía en jubilaciones anticipadas voluntarias para los trabajadores mayores de 50 años, que pasarían a cobrar el 70% del sueldo.

La pretensión de los sindicatos es que la oferta se pueda extender a más trabajadores del sector. Pero, eso sí, no renuncian a su principal reivindicación, la que impide de todo punto que haya un acuerdo definitivo: que la subrogación  de trabajadores por parte de las empresas estibadoras quede reflejado en el Decreto-Ley, algo que no es posible, como reiteró este martes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, porque va contra los principios de la Unión Europea.

Un gesto positivo

En cualquier caso, en el Gobierno se ha visto como un gesto positivo la propuesta de los estibadores que, hasta la fecha, no estaban dispuestos a moverse ni un centímetro de sus posiciones iniciales. Falta por encontrar la fórmula para dar cabida a las reivindicaciones del colectivo sin tener que incluirlas en el Real Decreto Ley puesto que, en ese caso, la Comisión Europea no permitiría al Gobierno su aprobación.

En la reunión del próximo jueves se abordará el capítulo salarial y el de las prejubilaciones para intentar llegar aunque sea a acuerdos parciales. El principal objetivo del Gobierno, a estas alturas, es evitar la multa de los tribunales europeos por incumplimiento de la sentencia inicial que obligaba a España a reformar el sistema de la estiba.

Una sanción económica que puede llegar en cualquier momento y que supondría la obligación de hacer efectivo el pago de más de 22 millones de euros acumulados en una multa latente, más 134.000 euros diarios adicionales desde que se dictara la sentencia condenatoria hasta que se aprobara la reforma de la estiba en las condiciones dictadas por los tribunales.

Las empresas, a la expectativa

Para evitar todo esto, el Gobierno necesita apoyos parlamentarios, que hasta ahora no ha tenido ni siquiera en Ciudadanos, que prefirió abstenerse en el debate de la semana pasada al no haber un acuerdo entre patronal y sindicatos. Ese acuerdo es clave para obtener el apoyo de la formación que lidera Albert Rivera y, al menos, la abstención del PSOE, que sería suficiente para sacar adelante el Real Decreto en el Parlamento.

Mientras, las empresas, que han quedado en un segundo plano tras la decisión del Gobierno de volver a sentarse en la mesa de negociación para tratar de salvar los muebles, están a la expectativa de lo que finalmente se apruebe para tomar sus decisiones. En función de lo que se acuerde, serán ellas las que puedan acudir a Bruselas a manifestar su descontento.



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