Publicado: 24/02/2017 04:00
La liberalización de la estiba hará mella en el Gobierno y no sólo por el caos que pueda generar en los puertos la huelga programada para dentro de diez días. El Ejecutivo da prácticamente por hecho que no podrá esquivar la fuerte multa económica que le impondrán los tribunales europeos por no ejecutar la sentencia que dictaron a finales de 2014, origen de la reforma que ahora trae de cabeza al Ministerio de Fomento y al sector portuario. Una sanción que partirá de unos 22 millones de euros e irá incrementándose a razón de 134.000 euros por día hasta que la reforma quede definitivamente aprobada.
Porque este viernes el consejo de ministros aprueba el Real Decreto Ley que reformará el sistema de estiba para cumplir con la citada sentencia. Pero aún resta la convalidación de la medida en el Congreso de los Diputados, para la que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes. Si el Ejecutivo no saca adelante la aprobación del Decreto en el Parlamento, los tribunales europeos no considerarán ejecutada la sentencia y, por lo tanto, el proceso sancionador seguirá adelante.
El problema radica en que, en su día la Comisión Europea presentó una demanda contra el Estado por no haber ejecutado la sentencia de diciembre de 2014 que obligaba a España a modificar el sistema de estiba por atentar contra el principio de libertad de establecimiento contemplado en los Tratados de la Unión. La segunda demanda solicitaba una sanción económica para España si la reforma no había salido adelante cuando el Tribunal resolviera sobre este segundo procedimiento. Según las fuentes consultadas por Vozpópuli, la resolución verá la luz alrededor de finales del próximo mes de marzo.
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha estado en permanente contacto con Bruselas para definir los términos del Real Decreto Ley, de forma que su texto cumpliera escrupulosamente con lo indicado en la sentencia. El departamento que dirige Íñigo de la Serna terminó de recibir la respuesta a las pertinentes consultas al Ejecutivo a comienzos de febrero.
Un mes perdido
Sin embargo, dejó pasar una semana para tratar de obtener apoyos parlamentarios y después otra más para dar más tiempo a la negociación colectiva y, de paso, evitar la huelga que habían convocado los estibadores.
Un tiempo que puede resultar fatal a la hora de evitar males mayores. El proceso de convalidación del Real Decreto Ley se extenderá durante un mes, en el que el Gobierno deberá lograr apoyos suficientes para sacarlo adelante. Mientras, patronal y sindicatos de la estiba tratan de avanzar en la negociación colectiva, la vía sugerida por Fomento para que los representantes de los trabajadores incluyan las reivindicaciones que no han podido meter en el Decreto al haber sido rechazadas por Bruselas.
Precisamente, ha sido la falta de acuerdo en esta negociación colectiva el argumento esgrimido por el PSOE para no apoyar la convalidación del Real Decreto Ley. Un asunto que no está exento de polémica por el hecho de que el portavoz socialista en la Comisión de Fomento, el diputado por Cádiz Salvador de la Encina, tiene familiares vinculados al sector de la estiba.
Las empresas asumen la huelga
En cualquier caso, no se presume una batalla fácil ni tampoco corta. Fuentes del sector portuario señalan que la amenaza de una inminente multa puede funcionar como acicate para que las fuerzas políticas lleguen antes a un acuerdo. Las empresas operadoras de los puertos están preparadas para afrontar lo que parece una huelga inevitable y asumen que deberán incluir en la negociación colectiva aspectos como la subrogación de los trabajadores. Ahora, el objetivo es que la reforma del sector salga adelante cuanto antes. Posteriormente, habrá un periodo de tres años para la adaptación a la nueva situación.
La sanción de los tribunales europeos también pasaría a la historia por ser la primera vez que el Reino de España es multado por no ejecutar una sentencia comunitaria. Un alto precio a pagar, unido a los costes que supondrá para la economía española los paros en los puertos.
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