Energía El Gobierno cierra la central nuclear de Garoña de forma definitiva

El ministro de Eenrgía ha argumentado que las inversiones son muy significativas, que se trata de la planta más antigua en operación y que su aporte al sistema energético es poco significativo.

Central nuclear de Garoña.
Central nuclear de Garoña. EP

El cierre definitivo de Garoña es oficial. El ministro de Energía Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha resuelto este martes el futuro de la central nuclear burgalesa y ha comunicado la decisión del Gobierno de no renovar la licencia de explotación de la planta. 

En una rueda de prensa convocada para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto "será la de denegación" de la continuidad de la explotación porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

El ministro ha explicado que la orden tiene lugar porque las "circunstancias actuales" no garantizan suficiente certidumbre

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable -con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

El pasado 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.



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