El truco del acuerdo con el PNV: si hay pacto las pensiones no se ligarán al IPC en 2019

El Gobierno ha salvado los Presupuestos de 2018 gracias a un duro acuerdo con el PNV que afecta a las pensiones. Tiene que subir las prestaciones en línea con el IPC este año y el año que viene, mejorar la base reguladora de las prestaciones de viudedad más rápido de lo que quería y posponer la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023. Pero cuidado, el Gobierno aún tiene una vía de escape: se puede librar de los 1.800 millones que tendrá que gastar en 2019 en subir las pensiones lo mismo que la inflación si consigue que haya acuerdo en el Pacto de Toledo.

"En el año 2019, si no hubiera acuerdo en la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo para la revalorización anual, las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de clases pasivas del Estado, se incrementarán en un porcentaje adicional equivalente a la diferencia entre el índice de revalorización de pensiones fijado para ese año, conforme a lo establecido en el artículo 58 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 82015, del 30 de octubre, y el 1,6 por ciento", reza la enmienda.

Esto significa que todas las pensiones tendrán que subir un 1,6% si no hay acuerdo para la revalorización en el Pacto de Toledo. Pero, curiosamente, la Comisión tiene ya bastante avanzada la negociación sobre un nuevo índice que tendrá en cuenta el IPC, pero que también incorporará otras variables, como los salarios o el PIB, lo que hará que las subidas de pensiones sean mejores que las que arroja el índice de la última reforma, pero no tan altas como el IPC.

El Pacto de Toledo se ha desbloqueado y puede incluso que llegue a un acuerdo sobre el nuevo índice en mayo

Este nuevo índice, que paradójicamente el PNV lleva reclamando desde hace tiempo en la Comisión, podría además incluir un elemento muy novedoso: la participación de los agentes sociales. La idea es  que el elemento principal sea el IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo a los pensionistas, incluso en periodos de recesión, pero que el Gobierno de turno pueda pactar con los agentes sociales el resto de elementos de la fórmula para asegurar que las pensiones suben de una forma sostenible y sin poner el riesgo el sistema.

Si hay acuerdo sobre este punto, y todo apunta a que así será, esa sería la esencia de la redacción de la controvertida recomendación dos, que tanto ha complicado las negociaciones del Pacto de Toledo estos meses. Un índice así puede obtener el visto bueno de PSOE y Podemos por la mención al IPC y el de PP y Ciudadanos mantendría la fórmula automática de revalorizar las pensiones, aunque cambiaran los componentes. Eso sí, no está todo cerrado y los parlamentarios volverán a reunirse el 9 de mayo para intentar finiquitar los flecos pendientes.

Si lo consiguen, no se ligarán las pensiones al IPC en 2019, sino a este nuevo índice, según la enmienda del PNV que ha recibido el visto bueno del Partido Popular. En 2018, en cambio, se dice claramente que las pensiones tendrán que subir un 1,6%, sin mención alguna a las negociaciones del Pacto de Toledo. La forma en la que se redacta la enmienda hace pensar que el Gobierno y la formación vasca han decidido deliberadamente guardarse este as bajo la manga .

Factor de sostenibilidad

También hay alguna precisión en la decisión de posponer la entrada en vigor del factor de sostenibilidad. En un principio, el PNV dijo que el factor, que iba a ligar las nuevas prestaciones a la esperanza de vida desde 2019, se posponía a 2023. Pero el texto de la enmienda no dice exactamente eso. Dice que el factor se aplicará una vez que el Pacto de Toledo acuerde medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Y añade una última frase en la que dice que "en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023. Esto significa, que puede que el factor empiece a aplicarse antes de llegar a la fecha tope, aunque los expertos consultados por este periódico de descartan más aplazamientos después de la veda que ha abierto el Gobierno.