Energía

El Gobierno descarta prolongar la vida de las nucleares aunque no sabe lo que cuesta su cierre

La ministra de Transicion Ecológica sitúa como la primera de sus prioridades sacar adelante la Ley de Cambio Climático y avanza que tratará de introducir modificaciones en el sistema de fijación de los precios para que la transición hacia las renovables repercuta lo menos posible en el recibo

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica EUROPA PRESS

Teresa Ribera ha debutado en calidad de ministra de Transición Ecológica en el Congreso, en el marco de la comisión que lleva el nombre del gabinete, para exponer las líneas fundamentales de su política, que incluirá poner fecha de caducidad a la actividad de las centrales nucleares, cuya actividad cesará según vayan alcanzado los 40 años de vida útil inicialmente previstos. Suerte parecida correrán las plantas de carbón que aún quedan, la mitad de las cuales echarán el cierre el próximo año 2020.

La ministra se remitió a lo expuesto en el programa electoral del PSOE en relación con el futuro de las centrales nucleares, en el que no se contempla prolongar su vida útil más allá de los 40 años. "Mi voluntad es cumplir con el programa", apuntó Ribera que, sin embargo, sí quiso dejar claro que la decisión requerirá de un profundo estudio.

Así, la ministra recordó que Bruselas tiene muy avanzado un proceso sancionador contra España "porque no tenemos un plan de gestión de residuos nucleares, hay muy poca información al respecto y así es muy difícil determinar el coste de cerrar las centrales", apuntó Ribera para admitir que el departamento que dirige "necesita un análisis más profundo sobre la situación así como de las medidas que hay que tomar".

Más despejado está el panorama para otras plantas de generación de electricidad más contaminantes como son las centrales de carbón, de las que casi la mitad tendrán que echar el cierre en 2020. "De las 15 que actualmente operan en España, siete no han llevado a cabo las inversiones necesarias para seguir funcionando y Europa nos obliga a cerrarlas dentro de un año y medio". Para el resto, que sí están llevando a cabo las modificaciones y adaptaciones oportunas, el Ministerio estudiará su futuro a partir de ese año, aunque todo apunta a que su fin definitivo llegará en 2025.

Cambiar el sistema de precios

Si se cumple la hoja de ruta del Ministerio, tres años más tarde parará la última central nuclear, la de Trillo. Para entonces, el avance de las renovables habrá tenido que ser el suficiente para cubrir el hueco térmico que dejarán las plantas que dejen de operar, una transición que podría tener consecuencias funestas en el recibo de la luz. En este sentido, Ribera consideró que es difícil prever consecuencias si no se tiene una visión del sistema en su conjunto, en referencia al marco que regula la fijación de precio de la electricidad. La ministra había manifestado minutos antes su intención de "replantear el mercado y los sistemas de fijación de precios", aunque posteriormente admitió desconocer "hasta qué punto podremos revisar la Ley del Sector Eléctrico".

Algunos miembros de la Comisión le recordaron la coincidencia del precio anormalmente alto de la electricidad en el mercado mayorista que se ha registrado durante las últimas semanas con los parones (previstos e imprevistos) de hasta tres plantas nucleares al mismo tiempo.

En este sentido, la ministra volvió a mencionar al gas natural como energía de respaldo aunque recalcó la necesidad de actuar con mucha cautela. "Hay que ver lo que tenemos y si necesitamos algo más, pero se trata de un combustible de transición importante".

Control a las cotizadas

Al margen del futuro de las centrales, Ribera recalcó que el principal eje de su estrategia será sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que espera tener lista para empezar a debatirla antes de que termine el año.

La norma tendrá como objetivo la fijación de un marco legal estable, previsible y sostenible para alcanzar los objetivos medioambientales comprometidos que  resumió en reducir para 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, meta que se elevará al 90% para 2050.

Ribera también anunció que obligará a las empresas cotizadas a informar anualmente sobre sus medidas para la lucha contra el cambio climático. Asimismo, la nueva norma establecerá la creación de una comisión independiente que realice un seguimiento periodo de la transición energética y dé cuenta de forma periódica al Parlamento, una figura que ya funciona en países como Reino Unido, Alemania y Suecia.

El Ministerio favorecerá la penetración de las energías renovables con una revisión de las normativas que, en opinión de Ribera, han frenado su desarrollo. En estas medidas se incluyen las relacionadas con el autoconsumo y la cogeneración.

Próxima visita de Cañete

Ese apoyo a las energías renovables quedará reflejado en el llamado Plan Integrado de Energía y Clima, que deberá acompañar a la Ley de Cambio Climático y que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes de que acabe el año. De hecho, Ribera anticipó que el comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, visitará Madrid a comienzos de la próxima semana en el marco de una ronda que está haciendo por los países miembros para conocer de primera mano los avances en esta materia.

"El Plan debe recoger una alta penetración de las renovables y un progresivo cierre de las centrales contaminantes pero sin dejar a nadie atrás, sin que suponga ningún trauma", apuntó Ribera.



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