Publicado: 19/12/2019 05:15
La reclamación del Gobierno colombiano a Naturgy a cuenta de los presuntos perjuicios que la compañía española habría ocasionado al país latinoamericano por la gestión de la distribuidora Electricaribe ya tiene cifra oficial. El Estado solicita una compensación de 1,7 billones de pesos (unos 460 millones de euros, al cambio actual) para paliar daños tales como la depreciación de la eléctrica local, los fondos públicos que han tenido que ser destinados a asegurar su viabilidad y la influencia negativa que la precaria situación financiera de Electricaribe habría tenido en el desarrollo de la región en la que opera. Las autoridades colombianas sostienen que detrás de todos estos efectos se encuentra Naturgy.
La demanda fue instada hace ahora un año en el Ciadi, el tribunal de arbitraje bajo el auspicio del Banco Mundial, y forma parte de la estrategia de defensa del Gobierno colombiano en el marco del proceso que, a su vez, inició Naturgy contra el Estado latinoamericano por la decisión de intervenir Electricaribe (controlada al 85% por el grupo español) y proceder posteriormente a su liquidación, una operación aún pendiente de cerrar. La cantidad reclamada por la compañía asciende a algo más de 1.400 millones de euros.
Aunque la contrademanda del Estado colombiano, que por primera vez en su historia respondió de esta forma ante un arbitraje internacional instado por una empresa, fue presentada formalmente en diciembre del pasado año no ha sido hasta ahora cuando el demandante ha comunicado al tribunal la valoración de su reclamación, en el marco de las audiencias por este caso que se han celebrado en Washington a comienzos de este mes.
La representación colombiana, articulada a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (equivalente a la Abogacía del Estado española), argumentó en las audiencias que la intervención, que tuvo lugar en noviembre de 2016, se debió a la precaria situación financiera de Electricaribe y que "no fue un acto político y no constituye una expropiación", en contraste con el argumento defendido por Naturgy.
Daños a la economía
La compensación solicitada por Colombia se basa en que los problemas económicos de Electricaribe provocó daños al Estado debido a que éste ha tenido que destinar fondos para asegurar que la compañía pudiera prestar servicio y que el deficiente desempeño de la distribuidora ha repercutido negativamente tanto en el desarrollo de la región del Caribe, en la que opera, como a los ingresos fiscales del país, según recoge en un comunicado la institución colombiana.
Por su parte, la denuncia de Naturgy se basa en la consideración de que los procesos de intervención y posterior liquidación fueron, en realidad, una expropiación encubierta y que la situación financiera de Electricaribe (que, en efecto, ponían en riesgo la prestación del servicio de distribución) se debió a los continuos y crecientes casos de mora y fraude que se perpetuaron en el tiempo sin que los diferentes gobiernos tomaran cartas en el asunto para tratar de resolverlos pese a las repetidas advertencias del grupo español.
Hasta el momento de la intervención de Electricaribe, Naturgy estimó el agujero generado por estas circunstancias en las cuentas de su filial colombiana en más de 1.200 millones de euros desde que la antigua Unión Fenosa tomara el control de la empresa, a comienzos del presente siglo.
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