Financiación Autonómica

El Gobierno calculará el coste de los servicios en cada CCAA para reformar la financiación

Se ha comprometido con las autoridades comunitarias a cerrar esta reforma a lo largo de 2018 para asegurar una financiación estable y suficiente a las comunidades autónomas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a presentar este año la reforma del sistema de financiación. Es una reforma que lleva pendiente desde 2015 y que el Ejecutivo quiere dejar zanjada este mismo ejercicio. Puso este compromiso por escrito en la actualización del Programa de Estabilidad que envió el pasado 30 de abril a las autoridades comunitarias y lo ha detallado un poco más en el Plan Nacional de Reformas, donde asegura que se calculará el coste de los servicios en cada región para hacer la reforma.

El Plan Nacional de Reformas es el documento que año a año acompaña al Programa de Estabilidad. En él, el Ejecutivo da cuenta de las reformas que ha puesto en marcha los últimos años, las explica y las cuantifica. Y detalla también las que aplicará en los próximos meses. Y una de ellas es precisamente la de la financiación autonómica. El Gobierno asegura que el nuevo sistema se guiará por una combinación de los principios señalados en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017.

Y uno de estos principios requiere realizar una estimación del coste total de los servicios públicos fundamentales y las prestaciones de las comunidades autónomas para cuantificar el volumen de recursos necesarios en cada región. El objetivo es asegurar un nivel mínimo adecuado y suficiente de cobertura a todos los españoles. Precisamente, esto es lo que reclama desde hace tiempo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La AIReF lleva tiempo reclamando que la reforma empiece por una estimación del coste en cada CC.AA.

"No hay una estimación del coste efectivo de los servicios, de la cartera fundamental. Las necesidades de financiación de las comunidades no se estiman desde hace 20 años y para los ayuntamientos se utilizan estimaciones de los años 80 sin actualizar", dijo el presidente del organismo fiscalizador, José Luis Escrivá, en el Congreso el pasado mes de febrero. A su parecer, esto es lo que hace que no se conozcan las necesidades reales en educación, sanidad y servicios sociales de cada autonomía, algo fundamental para plantear una reforma de este tipo.

Y el Gobierno está dispuesto a hacerlo. El borrador que se ha comprometido a presentar tendrá en cuenta la estimación de estos costes. Además, garantizará una "financiación estable y suficiente" de los servicios públicos fundamentales sin que la cobertura financiera de esos servicios se ponga en riesgo ante una coyuntura económica adversa.

Solo tres fondos

La propuesta, además, pretende hacer compatible la suficiencia financiera de las comunidades con el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y aumentará la transparencia, la sencillez y la eficacia del sistema, reduciendo el número de fondos y posibilitando que el comportamiento de los recursos vinculados al mismo sea más predecible. 

Actualmente, el sistema cuenta con un complejo sistema de fondos que el Estado transfiere a las comunidades, entre los que destaca el fondo de garantía y el de suficiencia. Estos fondos que el Gobierno quiere reducir a tres sirven hoy en día para garantizar que todos los territorios reciben los recursos necesarios para prestar los servicios.  

En paralelo, el Gobierno impulsará también la reforma de la financiación de las entidades locales

El Gobierno presentará primero su propuesta al Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE). Tras el análisis y discusión se elevará otra propuesta definitiva al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe alcanzar un acuerdo. Posteriormente, tomando como base dicho acuerdo, el Gobierno aprobará los proyectos de Ley precisos para modificar el actual sistema de financiación, que serán remitidos a las Cortes Generales para su aprobación.

Y, como la reforma del sistema de financiación no puede disociarse del sistema de financiación de las entidades locales, se impulsará de forma correlativa el proceso de reforma de la financiación local, que culminará con la aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con la tramitación y aprobación definitiva del mismo en las Cortes Generales.



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