Impuestos

El Gobierno ignora el clamor de asesores fiscales y despachos pidiendo aplazamientos tributarios

Sólo ha concedido aplazamientos tres meses sin intereses de hasta 30.000 euros para pymes y autónomos, pero mantiene los plazos del resto de empresas y de personas físicas

Aplicación móvil de la Agencia Tributaria
Aplicación móvil de la Agencia Tributaria

Los asesores fiscales, las gestorías y los despachos expertos en fiscal se han unido para pedir al Gobierno hasta en tres ocasiones que valore el aplazamiento del pago de impuestos generalizado, no sólo para pymes y autónomos, a los que se les ha permitido retrasarse tres meses sin intereses en el pago de una cuantía máxima de 30.000 euros. 

"El Gobierno, en vez de mostrar empatía hacia nosotros, lo que denota es una amplia antipatía, eso sí vanagloriándose de haber implementado las medidas más amplias de la Unión Europea. Muchos millones de euros, muchas ayudas, pero una petición tan simple, como es interrumpir o dar mayor plazo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y aduaneras, se les olvida, o lo que es mucho peor, ignoran nuestra petición, para ahogar aún más a los contribuyentes, autónomos y pymes, y a los propios profesionales", lamentan en un comunicado conjunto las Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios.

En su opinión, es "cuestión de sentido común" que el Gobierno conceda este aplazamiento "dada la imposibilidad, de recoger y tratar la documentación, y no exponernos, nosotros y nuestros trabajadores, a un posible contagio, ya que en la mayoría de casos la documentación para realizar las correspondientes autoliquidaciones la aportan físicamente los propios empresarios que, o bien es el personal de la propia asesoría el que va a recoger los documentos, con el consiguiente riesgo".

El Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF) pide también que se amplíen los plazos de las autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, que se agilicen los aplazamientos de deudas tributarias para cualquier tipo de empresas -no sólo pymes y autónomos- y que se modifiquen los plazos del IRPF y el Impuesto de Sociedades. 

IRPF y Modelo 720

"En nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril", pide Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas al que está escrito el REAF.

Hacienda, sin embargo, no cree por el momento que sea necesario aplicar ninguna de estas medidas y ya ha anunciado que el próximo 1 de abril se abre el plazo para presentar la Declaración de la Renta, que finalizará el 30 de junio como cada año. 

"Se escuda el Gobierno en que más del 70% de las declaraciones tienen un resultado a devolver, aunque yo me pregunto sobre ese 30% restante y sobre la operativa logística de una campaña en la que despachos y asesores que no hayan hecho a tiempo sus deberes con el teletrabajo lo van a pasar realmente mal (más bien sus clientes). Se han quejado públicamente casi todas las asociaciones del sector, sobre todo las que peinan canas, aunque con la que está cayendo sus proclamas se han diluido en la tormenta", se lamenta Javier Piqueras, CEO de la firma de asesoramiento fiscal PQS.

Por su parte, los despachos de abogados expertos en fiscal advierten de que también habrá problemas con el modelo 720.

“El plazo más apremiante es el de presentación de la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) ya que finaliza el próximo 31 de marzo. Es una declaración técnicamente compleja y con consecuencias graves en caso de errores o de información incompleta. Algunos contribuyentes van a estar apurados para poder cumplir ese plazo ya que es necesario recibir información muy detallada de los activos situados en el extranjero”, alerta Javier Vinuesa, socio del área fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, a Vozpópuli.

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