Publicado: 01/10/2017 04:00
El Gobierno está estudiando el contenido de la Ley de Cambio Climático de la Generalitat, publicada esta semana en el BOE, y valora recurrir la norma al Tribunal Constitucional, de acuerdo a fuentes cercanas a la administración pública consultadas por este diario.
La ley aprobada por el Gobierno catalán contempla el cierre en diez años de las tres centrales nucleares instaladas en Tarragona -Ascó I y II, y Vandellós II, esta última en fase de desmantelamiento - y la imposición de un impuesto sobre las actividades económicas que generan dióxido de carbono.
Endesa es la compañía propietaria de Ascó I; el mismo grupo controla el 85% de Ascó II, central en la que Iberdrola posee el 15% del capital. En Vandellòs II, Endesa posee el 72% e Iberdrola el 28%. Las centrales emplean a unas 2.300 personas entre empleos directos e indirectos. Fuentes cercanas a las compañías propietarias de las centrales nucleares con las que ha contactado este diario también confirman la intención del Gobierno de recurrir ante el Constitucional la ley catalana de cambio climático.
El texto de la Ley de Cambio Climático dice que esta permitirá que Cataluña se convierta en un país líder en investigación
El Parlamento de Cataluña aprobó el 1 de agosto la nueva ley que el jueves fue publicada por el BOE. En esta última publicación la norma aparece firmada por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien promulga la Ley 16/2017 "en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña". En el texto de la ley, la Generalitat emplea expresiones propias de un Estado, más que de una Comunidad Autónoma.
"Esta ley presenta, por primera vez en Cataluña, un impuesto sobre las emisiones directas de gases de efecto invernadero para las actividades económicas más contaminantes", afirma. "La recaudación de este impuesto, para que sea realmente útil, debe destinarse a subvencionar el desarrollo de las energías renovables y otros proyectos sostenibles a la realidad política, social, económica, ambiental y cultural de Cataluña que permita aclarar y desarrollar plenamente todos los aspectos que en materia de política climática deben guiar las acciones de las instituciones y de la sociedad catalanas para dotar de más solidez a su actuación", explica.
La aprobación de la Ley de Cambio Climático "debe permitir reforzar el posicionamiento internacional y el liderazgo que hasta ahora ha mantenido Cataluña en los foros internacionales, al situarse como una nación líder no solo por la asistencia de forma ininterrumpida en las cumbres mundiales (...)", dice. La nueva norma permitirá a Cataluña "convertirse en un país líder en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías que contribuyan a la mitigación, así como a reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos energéticos externos, a la descarbonización y a la desnuclearización".
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