Economía

La crisis de Gobierno en Cataluña hace peligrar la aprobación del decreto de VTC

Manifestación de los conductores de VTC en el Paseo de la Castellana de Madrid
Manifestación de los conductores de VTC en el Paseo de la Castellana de Madrid Unauto

Ya ha pasado una semana desde que la nueva normativa sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC) aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por lo tanto, el Gobierno tiene tres semanas para poder convalidarlo en el Congreso. La fecha que se baraja es el próximo 18 de octubre, aunque los recientes acontecimientos en Cataluña pueden distorsionar la hoja de ruta del ministro de Fomento, José Luis Ábalos

La división interna de los partidos independentistas catalanes y el ultimátum lanzado por el presidente de la GeneralitatQuim Torra, al Gobierno de Pedro Sánchez enfrían la relación entre ambas partes. No hay mucho tiempo para aprobar el decreto de las licencias VTC y Ábalos necesita el respaldo catalán para poder sacar adelante su decreto.

En primer lugar, porque necesita el apoyo de ERC y PdeCat para convalidar el decreto en el Congreso. Esta aprobación necesita mayoría simple de la Cámara Baja. Sus cuentas llegan con el respaldo de Unidos Podemos, PdeCat, ERC y PNV. El primero de ellos está completamente reclutado para la causa.

Por su parte, los partidos nacionalistas siguen teniendo sus dudas sobre si dar su respaldo a este decreto. Una normativa que, entre sus principales característica, está la de facultar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación.

En segundo lugar, Ábalos necesita contentar a Cataluña con esta normativa porque, junto a Madrid, es el principal foco del problema de VTC. En estos instantes, la Generalitat "está revisando el informe jurídico de la Abogacía del Estado sobre este proceso y hasta entonces no pueden hacer valoraciones", apuntan fuentes del Ejecutivo autonómico a este medio. 

Es decir, el Govern todavía no tiene claro su posición sobre este decreto, tras reunirse el pasado miércoles junto al resto de comunidades con Fomento. En un principio, Torra habría accedido a asumir las competencias si desde Madrid se financiaba las indemnizaciones que iba a generar esta normativa con los propietarios de las VTC. Pero con la agitación vivida en estas últimas semanas, las dudas han aumentado.

Una factura de 1.000 millones

El 'lobby' de las VTC es consciente de estas dudas y por eso presiona en este proceso de negociación. La patronal Unauto VTC, asociación que agrupa al 90% del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) en España, recordó el pasado viernes que el coste de "una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC" podría ascender a unos 3.800 millones de euros para el Gobierno.

Con este Real Decreto-Ley, ese coste pasa a dividirse entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que tengan. "Esto provocaría que algunas Comunidades, como Cataluña, vayan a tener que desembolsar casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones", indican. De acuerdo con los datos del estudio de la consultora Ernst & Young solicitado por Unauto.

Unauto insiste en que, después de no haber contado con las autonomías durante la elaboración del Real Decreto-Ley, ni haber consensuado su contenido con ellas, "el Gobierno debería ser más honesto con ellas, ya que cada una tendrá que hacerse cargo del coste de cada autorización que revoquen", apuntan. Un escenario al que Ábalos ha contestado en varias ocasiones que su medida está muy bien asesorada legalmente para este tipo de "amenazas". Aunque habrá que ver si estas cifras asustan a Cataluña. 



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