Financiación autonómica

Generalizar el cupo beneficaría a Madrid el doble que a Cataluña

Aumentaría considerablemente la desigualdad territorial y se plantearían muchos problemas de equidad

Cristóbal Montoro.
Cristóbal Montoro. EFE

La reforma de la financiación autonómica es uno de los grandes retos pendientes del Gobierno de Mariano Rajoy. Es una tema espinoso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva retrasando años, pero que probablemente tendrá que retomar en cuanto se normalice la situación en Cataluña. En diciembre, la polémica actualización del Cupo Vasco llevó a algunos políticos y expertos plantear la extensión de esta privilegiada situación al resto de comunidades en la futura reforma, una idea que recogió el director de Fedea, Ángel de la Fuente, y que le ha llevado a la redacción del el informe 'Sobre la generalización del concierto'.

Básicamente, De la Fuente se plantea qué ocurriría si se extendiera el concierto al resto de comunidades autónomas. Recordemos que, amparadas en este concierto, las diputaciones forales y la hacienda navarra recaudan y regulan casi todos los impuestos de sus territorios. Así que la idea sería que cada comunidad gestionara sus ingresos. ¿A qué conclusión llega de De la Fuente? Fundamentalmente dice que los argumentos a favor de esta generalización son muy poco convincentes.

La primera consecuencia de un sistema así es que la Administración Central tendría que renunciar a la facultad de imponer tributos sobre sus ciudadanos, algo que, al menos de momento, no ocurre en ningún país del mundo. Y no solo eso, tampoco tendría herramientas para coordinar, redistribuir y estabilizar la riqueza en el territorio español. Y la segunda es que aumentaría considerablemente la desigualdad territorial y se plantearían muchos problemas de equidad.

Solo Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valencia saldrían ganando con la extensión del concierto vasco

Además de esta reflexión, también es interesante la conclusión a la que llega De la Fuente después de hacer números. Solo cuatro comunidades saldrían ganando con la extensión del concierto: Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. El resto, perdería. Resulta curioso el hecho de que la generalización del Cupo beneficiaría a Madrid el doble que a Cataluña, lo que plantea serias dudas sobre la infrafinanciación sobre la que siempre se ha quejado la comunidad catalana.

En concreto, Madrid pasaría de recibir 14.370 millones del sistema de financiación a contar con 22.408 millones, un 54,8% más, mientras que Cataluña pasaría de percibir 17.160 millones a disponer de 20.895 millones, un 21,4% más. Baleares también mejoraría su financiación más que Cataluña (un 31,4%) y la Comunidad Valenciana mejoraría sus recursos un 4%.

Y es que, tal y como explica De la Fuente, con el sistema del Cupo saldrían ganando las regiones con más capacidad fiscal, que tienden a ser las de mayor renta. El caso de Baleares es curioso porque la isla tiene un PIB per cápita algo menor que comunidades como La Rioja o Aragón, pero mejora mucho por la elevada recaudación tributaria ligada al turismo que afecta a varias figuras, como los impuestos sobre el consumo o las Transmisiones Patrimoniales.

Canarias, la peor parada

En el lado opuesto destaca la situación de Canarias, la comunidad que saldría peor parada del cambio. Y es que cuenta actualmente con un peculiar régimen fiscal con una presión fiscal muy baja por tributos indirectos que le llevarían a una pérdida de recaudación casi del 90%. También perdería mucho Extremadura (54,7%), Castilla-La Mancha (30%) y Andalucía (27,4%).

En este escenario, a De la Fuente, que es un experto de renombre en la materia, no le convencen los argumentos. Uno de los principales problemas que ve es que la Administración Central dejaría de disponer de recursos tributarios propios y perdería cualquier control sobre la recaudación del grueso de los impuestos.

Las comunidades tendrían la llave de la caja y antenpondrían sus necesidades a las del Estado

Y quedaría así a expensas de la generosidad de unas comunidades que tendrían “la llave de la caja” y que con toda probabilidad operarían bajo una tentación permanente de reducir sus aportaciones al Estado para conservar una mayor parte de sus recursos.

“Estaríamos ante un modelo de estado confederal en el que una Administración General del Estado muy debilitada podría tener serías dificultades para ejercer con efectividad las importantes funciones que le corresponden, desde la defensa y las relaciones exteriores, hasta la coordinación de las políticas educativas y sanitarias, pasando por la estabilización macroeconómica y la promoción de la cohesión social y territorial”, sostiene.

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