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Economía

La Generalitat aún no tiene el sistema informático para cobrar el impuesto al azúcar

Oriol Junqueras, conseller de Hacienda de la Generalitat, y el presidente Carles Puigdemont

Sólo quedan 10 días para que se inicie la autoliquidación del impuesto de bebidas azucaradas que ha implementado la Generalitat de Catalunya y la indefinición sigue atenazando al sector de bebidas, que ha anunciado que recurrirá legalmente el impuesto por romper la unidad de mercado (algo inconstitucional según creen sus promotores) y además lamenta que ni siquiera está listo el sistema informático para un correcto cobro.

Efectivamente, la Generalitat reconoce en el reglamento del impuesto publicado este jueves que "mientras los sistemas informáticos no estén adecuados" se podrán habilitar otros canales de presentación para cobrar el impuesto. Esto ha causado las críticas de Josep Puxeu, director general de la patronal de bebidas refrescantes Anfabra. "Esto es un ejemplo de lo improvisado que es todo. El propio articulado tiene los problemas que hemos denunciado: problemas de gestión, de dificultad de la aplicación, de extraterritorialidad y de cara al contribuyente y al consumidor".

El impuesto sólo afecta al azúcar añadido, no a aquel que ya estuviera presente de forma natural en una bebida que contenga, por ejemplo, zumo. Sin embargo el departamento de Hacienda de Oriol Junqueras deja en manos de los fabricantes indicar el azúcar añadido que tienen sus productos. Un dato que no está contenido en la etiqueta del producto (donde se incluye el azúcar total, añadido y natural) y que hasta ahora, los propios distribuidores aseguraban desconocer. Por ejemplo, en el caso de bebidas carbonatadas de naranja o limón como Fanta o Schweppes, suele haber un contenido que no suele superar el 10% de zumo natural.

Contra el impuesto

El bufete de abogados Uría & Menéndez realizó un informe para las patronales agroalimentarias que avala la inconstitucionalidad del impuesto porque rompería la unidad de mercado afectando a las ventas que se realizan en Cataluña (sean en hostelería o en gran consumo) pero que pueden afectar a las compañías que, estando radicadas fuera de la comunidad catalana, distribuyen bebidas con azúcar dentro de la autonomía.

El Govern pretende recaudar 40 millones de euros anuales con este nuevo impuesto que ya ha producido subidas de precios en los productos azucarados

El Govern pretende recaudar 40 millones de euros anuales con este nuevo impuesto que ya ha producido subidas de precios en los productos azucarados, pero que en realidad considera como contribuyente al que suministra las bebidas a la hostelería o a los súper e hipermercados.

Presentación de datos

Otra de las características del nuevo impuesto afectará en gran medida al "sustituto del contribuyente", es decir al fabricante que suministra la bebida al punto de venta, sea hostelero o una tienda. Con la nueva norma deberá presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña una declaración informativa anual con el siguiente contenido:

a) La relación de contribuyentes a los que ha suministrado la bebida sujeta a tributación. Respecto a cada uno de los contribuyentes, tienen que constar las cantidades, expresadas en litros, de bebida suministrada así como también las cantidades correspondientes a bebidas que el contribuyente le haya devuelto.

b) La relación de personas y entidades a las que el distribuidor no haya exigido el impuesto por haberle declarado aquellas ser sustitutos del contribuyente, así como también las cantidades de bebida, expresadas en litros, que le haya suministrado. A tal efecto, debe disponer de una declaración del adquirente de la bebida en este sentido en la que consten sus datos fiscales de identificación.

En definitiva, si hasta ahora los afectados por el impuesto aseguran haberlo aplicado según su propio criterio al no haber reglamento, el reglamento aclara muchas cosas pero deja en el aire otras. El periodo de liquidación que empieza en pocos días será la primera prueba de fuego para este novedoso impuesto que ya ha provocado en países como Reino Unido que empresas como Coca-Cola reformulen sus productos para que la mayoría dejen de pagarlo.

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