Publicado: 02/04/2014 04:00
El Ejecutivo tiene ante sí dos años plagados de elecciones. Y aunque todavía no tenga candidato para las europeas, ya ha entrado en campaña. Necesita recuperar el centro sociológico y una parte de esa franja ideológica se halla en unos funcionarios bastante molestos con el Ejecutivo pero que siempre acuden a las urnas.
Así que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro han iniciado las maniobras para reconciliarse con la función pública, empezando por la restitución de la paga extra y continuando con la reposición de dos moscosos, esos días de libre disposición que Rajoy recortó en 2013 de seis a tres.
La propia vicepresidenta siempre recalca que la reforma de la Administración, ésa que también se llama Cora y que básicamente consiste en fusionar algunos organismos, buscar eficiencias e introducir nuevas tecnologías, ha sido confeccionada "por y para los funcionarios". Y Montoro ha insistido en que no hay que “descapitalizar” la función pública. De hecho, el titular de Hacienda ha declarado en distintas ocasiones que el tamaño del Estado es el adecuado, y ayer envió una señal importante a los funcionarios anunciando una oferta especial de 950 nuevas plazas.
Sin embargo, a pesar de haber congelado las remuneraciones y de haber suprimido 373.000 empleos públicos en dos años, el gasto en personal del conjunto de las Administraciones alcanzó en 2013 los 116.000 millones, las mismas cotas que en 2008 y por encima de los niveles de 2007, año en el que se ingresaron 46.000 millones más que ahora pero en el que el desembolso en asalariados ascendió a los 107.000 millones de euros según las cifras de contabilidad nacional.
El descontrol de Zapatero
Entre los años 2008 y 2011, bajo la presidencia de Zapatero, la plantilla de las AAPP engordó su tamaño desde los 2,9 millones hasta los 3,1 millones de asalariados. Y esto se tradujo en un incremento del gasto desde los 118.000 millones hasta los 125.000 millones en 2009, los 125.000 millones en 2010 y los 123.000 millones en 2011. Una espiral al alza que fue alimentada por la subida salarial de 2009 aprobada por María Teresa Fernández de la Vega ya en medio de la crisis y que sólo se corrigió a partir de mayo de 2010, después del tajo del 5 por ciento al sueldo de los funcionarios y la reposición de sólo el 5 por ciento de las plazas.
Es decir, Montoro le ha asestado un tajo a ese pico de empleo público que se creó durante la crisis bajo el mandato de Zapatero. Pero no ha ido más allá. Buena parte del ajuste de 250.000 efectivos en las autonomías se basó en los recortes al empleo en Sanidad y Educación al no renovar temporales e interinos. Y esos tijeretazos ya se han parado de acuerdo con las palabras del ministro.
Todo se fía por tanto a que continúen amortizándose puestos conforme se jubilan los funcionarios. Sólo que eso puede significar que se frene significativamente el ajuste cuando aún hay que reducir el déficit en 25.000 millones de aquí a 2015.
Con los datos de la EPA a cierre de 2013, las Comunidades Autónomas conservan 1,5 millones de empleados tras haber recortado unos 250.000 efectivos, lo que se ha traducido en una rebaja de esta rúbrica presupuestaria desde los 76.000 millones en 2009 hasta los 68.000 millones en 2013, si bien en este último año sólo se redujo la factura en unos 180 millones al recuperar la paga extra. La Administración central desembolsa unos 24.000 millones a repartir entre 483.000 empleados en términos EPA. Y las Corporaciones Locales gastan unos 20.000 millones para unos 590.000 trabajadores.
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