Publicado: 15/07/2013 04:00
Después de engordar su plantilla durante 2011 en unos 8.000 efectivos, las Comunidades Autónomas recortaron en 2012 el personal en unas 44.540 personas, un 3,29 por ciento menos de acuerdo con los datos proporcionados por el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a fecha de enero de 2013.
Aun así, al gestionar la educación no universitaria y la sanidad, que emplean unos 500.000 trabajadores cada uno, las autonomías retienen la mitad de los empleos públicos. En total, mantienen en nómina unos 1,3 millones frente al 22 por ciento que abarca la administración central con 570.000 efectivos, el 21 por ciento que corresponde a la local con 549.000 empleados y el 5 por ciento que trabaja para las universidades, con unos 148.000 asalariados.
El conjunto de las Administraciones perdió en 2012 unos 109.091 empleados públicos, alrededor de un 4 por ciento menos, lo que sitúa el total de asalariados a cuenta de todos los niveles del Estado en los 2.576.746 individuos. En esta cifra no se incluyen ni los cargos políticos, ni los que trabajan para las empresas públicas de comunidades y ayuntamientos, ni las contrataciones inferiores a los seis meses.
Diferencias entre el boletín y la EPA
De hecho, la Encuesta de Población Activa refleja para el mismo periodo un descenso mayor, en unos 220.000 efectivos, desde los 3.136.000 registrados al término de 2011 hasta los 2.917.000 anotados a finales 2012.
Esto es, la consulta del boletín estadístico de Administraciones Públicas y de la EPA arroja una diferencia en el entorno de los 350.000 individuos, hecho que sólo se explica por esos puestos no contabilizados. Seis meses antes, a mitad de 2012, el desfase entre una estadística y otra alcanzaba las 410.000 personas, lo que implica que por fin se ha empezado a meter mano al gran entramado empresarial de las comunidades y corporaciones locales.
Los ayuntamientos, más austeros
Según el boletín del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los organismos que llevaron a cabo un esfuerzo mayor fueron las entidades locales, que disminuyeron el número en 47.405 trabajadores, un 7,9 por ciento, de los que 2.044 eran funcionarios, 42.704 personal laboral y 2.657 interinos y eventuales. Este hito quizás se explica mejor si se tiene en cuenta que los consistorios habían acaparado numerosas competencias y servicios que no tenían por qué desempeñar.
A cierre de 2012, los ayuntamientos contaban con 486.641 empleados, prácticamente los mismos que en 2005. Con todo, las diputaciones han acometido proporcionalmente el mayor sacrificio al aminorar sus asalariados desde los 80.000 de comienzos de la crisis hasta los 60.000 de la actualidad.
Debido a la congelación de la tasa de reposición, las administraciones redujeron la cifra de funcionarios en unos 20.000, de los que 2.044 pertenecían a las CCLL, 6.242 al Estado central y 12.326 a las CCAA.
El Estado central disminuyó su personal en 11.170 empleados, de los cuales 6.242 era funcionarios, 3.760 personal laboral y 1.258 interinos y eventuales.
Tijeretazo al gasto
Las comunidades gastaron en remuneraciones en 2012 unos 69.000 millones, prácticamente 5.000 millones menos que el año anterior, en parte por la supresión de la paga extra. Esta partida de personal de las autonomías supera con mucho a la que destinaron el Estado central, unos 23.000 millones, y los ayuntamientos, unos 20.000 millones.
Andalucía es la comunidad que acumula la mayor cantidad de personal público, con 238.000 empleados, seguida de Cataluña con 165.000, Madrid con 154.000, y Valencia con 127.000.
Del conjunto de empleados públicos, unos 1,6 millones son funcionarios, 613.000 constituyen personal laboral y 311.000 se reparten entre interinos, eventuales y otros contratos.
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