Mayores de 60 años y parejas de hecho también podrán optar a los pisos del Fondo Social de Viviendas

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha ampliado en 3.974 inmuebles, tal y como adelantó Vozpópuli, que estarán a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y se ha decidido incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios, según ha informado este lunes el Ministerio de Economía.

Las medidas impulsadas para paliar el problema de los desahucios han beneficiado a unas 45.000 familias hasta la fecha

El acuerdo de elevar las viviendas del FSV hasta un total de 9.866 pisos se ha suscrito entre representantes de Economía, Fomento y Sanidad y de las 29 entidades financieras que aportarán pisos, además de miembros de las patronales AEB, Ceca y Unacc. Según datos del Gobierno, las medidas impulsadas para paliar el problema de los desahucios han beneficiado a unas 45.000 familias hasta la fecha. Además del FSV, está en funcionamiento el Código de Buenas Prácticas, la moratoria de lanzamientos y las mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario.

Con la ampliación a 9.866 viviendas, el FSV persigue cubrir "un mayor número de situaciones" que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas. Además persiguen el mismo objetivo con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una vivienda del FSV. En este sentido, el Ejecutivo prevé que al menos el 5% de las viviendas se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios, siempre que cumplan los requisitos. También se contempla la posibilidad de acuerdos con los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

Alquileres para los más vulnerables

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar) y el Gobierno lo ha prorrogado hasta enero de 2017.

Se pueden acoger aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

En 2014 se amplió el ámbito de aplicación del fondo para dar cabida a más familias sin capacidad de afrontar el pago de un alquiler

Asimismo, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.