Caixabank reclama al FROB otros 180 M. en ayudas por la compra del Banco de Valencia

Nueve meses después de formalizarse la operación de venta del Banco de Valencia, aún quedan flecos por cerrar entre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Caixabank. La entidad presidida por Isidro Fainé ha reclamado a la institución dirigida por Antonio Carrascosa nuevas garantías por 180 millones adicionales, según consta en el informe anual del FROB, que se sumarían a las ayudas por un volumen de 4.350 millones recibidas, en el momento de la venta, en forma de esquema de protección de activos (EPA).

Estas nuevas ayudas servirían para compensar las diferencias patrimoniales, los conocidos como ‘vicios ocultos’, de los activos traspasados por el Banco de Valencia a la Sareb y los realmente transmitidos. Caixabank planteó esta reclamación al FROB, el pasado 23 de enero, dos meses después de la adjudicación de la entidad valenciana y un mes antes de que se formalizase la venta por un euro al banco con sede en Barcelona.

La reclamación, como reconoce el FROB en su informe anual, se encuentra en fase de análisis por los servicios jurídicos de este organismo. Aún así, la institución presidida por Carrascosa ha considerado oportuno provisionar, con cargo a la cuenta de resultados de 2012, un total de 90 millones, la mitad del monto reclamado por Caixabank. “Sin perjuicio de posibles líneas de defensa, así como de discusión del montante reclamado”, asegura el FROB en su documento financiero.

El Banco de Valencia, antigua participada de Bancaja, transmitió un total de 5.500 millones de ladrillo tóxico al banco malo, en diciembre del pasado ejercicio. Esta cartera inmobiliaria deteriorada está compuesta por un volumen de 4.500 millones en préstamos y otros 1.000 millones en activos adjudicados.

Este nuevo impacto en las cuentas del FROB confirma que la liquidación del Banco de Valencia hubiera sido más barata que su venta a Caixabank. Así lo determinó también un informe encargado por el propio organismo que dirige Carrascosa a Oliver Wyman.

El estudio de la auditora reveló que el proceso de desaparición de la entidad valenciana tendría un precio que se movería en una horquilla entre 5.600 millones a 7.400 millones. Sólo las dos inyecciones de capital que ha efectuado el Estado suman 5.500 millones. La entidad valenciana recibió una primera línea de capital de 1.000 tras su intervención, a finales de 2011. La segunda inyección, de 4.500 millones, se produjo en diciembre pasado con cargo a los fondos europeos provenientes del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

A esos 5.500 millones, hay que sumar la cuantía que percibirá Caixabank, su nuevo dueño, en forma de ayudas para cubrir la pérdida sobre una determinada cartera de préstamos. En total, el EPA concedido a la entidad catalana obligará al Estado a cubrir el 72,5% de un volumen de créditos por valor de 6.400 millones. Esta cartera crediticia integra una partida de 1.400 millones relativa a determinados pasivos contingentes y otra de 5.000 millones relativa a préstamos a Pymes. En caso de deterioro de todos estos préstamos cubiertos por el EPA, el Estado, en definitiva los contribuyentes, tendría que realizar un desembolso adicional de 4.350 millones. En ese caso, la operación de venta rondaría los 10.000 millones.

Según los datos de Oliver Wyman, defendidos tanto en Economía como en el Banco de España, la pérdida esperada de la cartera cubiera por el EPA no superará los 660 millones. Sin embargo, el informe anual del FROB vuelve a poner en evidencia esta tesis. En 2012, primero de los diez años de protección ante las pérdidas de la cartera crediticia tóxica, esta institución reconoce haber dotado 598 millones para cubrir el EPA del Banco de Valencia.

Economía manejó la desaparición del Banco de Valencia hasta pocas semanas antes de su venta. La liquidación, como ha sucedido en otros países europeos, hubiera asegurado los depósitos de los clientes en otra entidad, una vez adelgazado el banco con el traspaso del ladrillo al banco malo y la venta de todo tipo de negocios y participadas. Su red y plantilla se hubieran reducido paulatinamente, conforme a las exigencias de Bruselas para la liquidación de entidades.