Publicado: 18/07/2016 04:00
El proyecto de unión bancaria europea sufre un parón. La última pata de este plan, la puesta en marcha de un sistema de garantía de depósitos común para toda la zona euro, permanecerá sin avances políticos por lo menos hasta finales de 2017, una vez que se hayan celebrado las elecciones federales en Alemania (previstas para la segunda mitad del año próximo). Estas son al menos las previsiones que manejan fuentes europeas conocedoras de la situación y consultadas por Vozpópuli.
Tras la crisis del euro, a finales de la pasada década y principios de la actual, las autoridades europeas concluyeron que era imprescindible avanzar en una unión bancaria que por un lado redujera la fragmentación financiera de la zona euro y por otro eliminara el riesgo soberano (que vincula la sostenibilidad de las cuentas de un país y su deuda pública con la situación de su banca). Dicho y hecho, y no sin dificultades, durante los últimos años los países del euro han dado pasos decididos para poner en marcha tanto un sistema de supervisión (el MUS) como de resolución (el MUR) que ya están en pleno funcionamiento desde inicios de 2016.
La propuesta de Bruselas, de noviembre del pasado año, se ha encontrado con múltiples obstáculos por parte de los países del norte, contrarios a una mutualización total de los FGD
Sin embargo, el proyecto de unión bancaria europea está incompleto, cojo, a falta de que se complete la tercera e imprescindible pata que permita alcanzar un verdadero mercado único bancario: un fondo de garantía de depósitos único y solidario. Solo completando este último paso se logrará romper el vínculo soberano entre estados y banca, aunque esta pata definitiva está encontrando dificultades, lo que retrasará todo el proyecto de unión bancaria, tal y como han señalado a este diario fuentes comunitarias.
Estas mismas fuentes explican que desde finales de junio se están llevando a cabo reuniones técnicas relacionadas con un futuro sistema de garantía de depósitos europeo. Sin embargo, estos avances por parte de los técnicos no se traducirán en decisiones políticas inmediatas, toda vez que Alemania ha decidido no mover ficha en este sentido por lo menos hasta después de que se hayan celebrado sus comicios parlamentarios, dentro de un año. La propuesta de la Comisión Europea, publicada en noviembre del pasado año, se ha encontrado con múltiples obstáculos por parte de los países del norte, contrarios a una mutualización pura de los riesgos en todo el sistema bancario.
La deuda pública en el punto de mira
El principal motivo de disputa entre los países del norte y los de la llamada periferia europea se centra en el tratamiento que se quiere dar a la deuda pública. Hasta ahora, desde un punto de vista regulatorio, la deuda de los países del euro ha sido considerado como un activo libre de riesgo (sin ningún tipo de provisión), aunque precedentes como las quitas a los acreedores griegos han llevado a que países como Alemania aboguen por dejar de considerar la deuda soberana en euros como un activo libre de riesgo.
Esta medida, de aplicarse, conllevaría no solo la desaparición práctica de estos activos exentos de riesgo, sino un terremoto en los mercados europeos de deuda. Según cálculos de la agencia de calificación Fitch, los bancos de la zona euro tendría que vender unos 492.000 millones de euros en bonos soberanos para adecuarse a un hipotético cambio normativo referente a la deuda pública. Sus analistas creen que la banca europea tendría que levantar hasta 135.000 millones de euros en nuevo capital para mantener sus niveles de solvencia en ese caso.
La banca europea tendría que levantar hasta 135.000 millones de euros en nuevo capital si la deuda soberana deja de ser libre de riesgo
Los bancos de la zona euro tienen en sus balances 2,3 trillones de euros en deuda soberana, de la que un 65% corresponde a cada país de origen al que pertenece cada banco. "El impacto de aplicar un riesgo ponderado del 10% a las exposiciones soberanas del sistema financiero supondría un incremento relativamente modesto de exigencias de capital de unos 12.000 millones para mantener los actuales ratios", señalan desde Fitch, quienes sin embargo advierten que esta cifra podría ascender hasta los 135.000 millones de euros en nuevo capital regulatorio en función de las exigencias y penalizaciones que plantearan las autoridades.
Tanto en el caso de que fueran necesarias recapitalizaciones como de que se vendieran masivamente carteras de deuda, ambos escenarios plantean serios problemas para aquellos países que más bonos han emitido durante estos años. Es el caso entre otros de España, cuya deuda ha alcanzado el 100% del PIB con unos tipos históricamente bajos gracias a la política del BCE de alentar la compra de deuda soberana (la acepta como colateral sin límites) por parte de los bancos. Un cambio en esta política podría, por tanto, romper el statu quo del mercado y disparar de nuevo las primas de riesgo ante la falta de apetito por parte de los bancos. De todas formas, y a pesar de las presiones por parte de los países del norte, la posibilidad de penalizar la deuda pública está lejos de ser todavía una realidad. Países como Estados Unidos y Japón son contrarios a la misma, así como el comité de banqueros centrales de Basilea. Las fuentes comunitarias consultadas por Vozpópuli esperan que estos últimos hagan movimientos próximamente para empujar el plan de un FGD de ámbito europeo.
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