Economía

Finlandia, Irán, Canadá… los ensayos de la renta básica en otros países

En España "un millón de hogares" se beneficiarán del Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno pretende poner en marcha en mayo

El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso.
El Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso. EFE

El Gobierno ha confirmado su compromiso de poner en marcha en el mes de mayo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente en el que están trabajando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá y la Vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias.

Según afirman desde Moncloa, "un millón de hogares" se beneficiarán de la prestación, de los cuales "aproximadamente un 10% serían familias monoparentales".

Países como Finlandia o Irán pusieron a prueba medidas semejantes al IMV, como la renta básica. En el país asiático comenzaron a implementarla en 2011 y todavía sigue vigente. Cada mes, el Gobierno concede un pago equivalente al 29% del ingreso medio de los hogares. Aunque en un principio se creyó que podría desincentivar la búsqueda de empleo, los expertos del Economic Research Forum concluyeron que "el programa no afectó a la oferta de trabajo de manera apreciable".

En Finlandia se trató de un experimento que no concluyó con mucho éxito. Hace tres años, a principios de 2017, el Gobierno decidió ver qué ocurría si escogían al azar a 2.000 ciudadanos desempleados y les ofrecían un pago de 560 euros al mes. El resultado: los beneficiarios no encontraron empleo pero se sentían más felices y menos estresados, a la vez que aumentaba su confianza hacia otras personas e instituciones. Expertos e investigadores llegaron a tachar de fracaso la prueba. Consideraron que había varios errores en su desarrollo y que los datos arrojados eran difíciles de analizar.

El caso de Canadá fue parecido. También en 2017, en Ontario, se puso en marcha un proyecto de ingresos básicos en tres ciudades: Hamilton, Lindsay y Thunder Bay. Estaba destinado a aproximadamente 4.000 personas y aunque en un principio iba a durar tres años, se canceló un año después tras un cambio en el Gobierno, que consideró que el pago mermaba la búsqueda de empleo entre los participantes. "Cuando se anima a la gente a aceptar dinero sin condiciones, realmente no envía el mensaje que creo que nuestro ministerio y nuestro Gobierno quieren enviar", dijo entonces Lisa Macleod, ministra de la Infancia, Comunidad y Servicios Sociales de Ontario. El programa contaba con un presupuesto de 150 millones de dólares. 

Entre los ensayos de este tipo desarrollados en diferentes países destaca el caso de Kenia. Allí la ONG GiveDirectly, por iniciativa de cuatro estudiantes de Harvard y del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y con el apoyo de Alan Krueger, asesor económico de Obama, se lleva a cabo desde 2016 un programa del que se benefician cerca de 25.000 personas. Perciben 2.280 chelines mensuales, alrededor de 20 euros, y la prestación se extenderá 12 años, hasta 2028. 

Ingreso Mínimo Vital

A diferencia de la renta básica, el Ingreso Mínimo Vital está dirigido a aquellas personas en riesgo de pobreza. Esta medida fue incluida en el en el acuerdo programático de coalición que cerraron en diciembre PSOE y Podemos, pero estas últimas semanas está siendo objeto de debate en el seno del Ejecutivo. Desde la formación morada presionan para sacarla adelante de manera urgente mientras que los ministros económicos socialistas abogan por un desarrollo más pausado de la misma ya que todavía faltan "flecos", como reconoció Escrivá.

Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, señala a Vozpópuli que una medida de este tipo "hay que diseñarla bien", por lo que "no tiene mucho sentido la urgencia" en aprobar el IMV cuando "no se están gestionando adecuadamente" las prestaciones ya existentes.

Además, en su opinión, el IMV podría generar un riesgo de duplicidad con las medidas de las comunidades autónomas y considera que alargar esta prestación más allá de la crisis del coronavirus supondría un "gasto público adicional en un contexto de déficit, a la vez que se multiplica el riesgo de incentivar la economía sumergida y/o desincentivar la búsqueda de trabajo”.

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