Imputados del caso Bankia se exculpan ante el juez: “No tenía ni teléfono de empresa”

La instrucción del caso Bankia no ha hecho nada más que empezar y ya hay al menos dos imputados que se han apresurado a pedir al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que les retire la imputación que pesa sobre ellos como integrantes del Consejo de Administración de la entidad Financiera. Estanislao Rodríguez-Ponga, que fuera secretario de Estado de Hacienda en los Gobiernos de José María Aznar, y la catedrática de Economía de la Universidad de Valencia Araceli Mora Enguídanos, han presentado sendos recursos de reforma ante el magistrado con un argumento muy parecido: su papel dentro de los órganos que dirigían tanto Bankia como el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) era casi testimonial. Rodríguez-Ponga incluso esgrime que no llegó a tener “ni despacho, ni coche ni teléfono de empresa”.

La defensa de la catedrática Araceli Mora asegura que ella está sufriendo ya "la llamada pena de banquillo"

El primero en hacerlo fue el exsecretario de Estado, quien el pasado 13 de julio, sólo dos días después de que se le notificara formalmente su condición de imputado en la causa, presentaba en la Audiencia Nacional un recurso en el que aseguraba que no pudo participar en la toma de las decisiones que provocaron la querella porque en aquel momento no formaba parte del Consejo de Administración de BFA. El exsecretario de Estado de Hcienda, como recalca su defensa, fue nombrado “consejero no ejecutivo” el 21 de junio de 2011 y, aunque en el Consejo de Administración de ese día ya estuvo presente, lo fue únicamente “a título de invitado”. Con esta fecha como principal argumento, su abogado defiende que, por tanto, no pudo participar en las reuniones donde se aprobaron las cuentas de esta entidad y la segregación de activos y pasivos de Bankia previa a su salida a bolsa.

Para aquellos actos recogidos en la querella y producidos cuando ya era miembro del Consejo, sus abogados encuentran otros argumentos para exculparle. Así, por ejemplo, asegura que cuando se registra y autoriza ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo para la salida a bolsa de Bankia, él “apenas llevaba una semana como consejero de BFA”. Incluso, recalcan que Rodríguez-Ponga “nunca ha tenido poderes ni de Bankia ni de BFA, nunca ha tenido relación laboral ni con Bankia ni con BFA, ni ha estado dado de alta en Seguridad Social ni en BFA ni en Bankia, ni ha tenido lugar de trabajo o despacho ni en BFA ni en Bankia, ni ha tenido coche de empresa, ni siquiera teléfono de empresa”. Como conclusión, el recurso recalca que su labor se limitó a “pronunciarse sobre la culminación del proceso (salida a bolsa)” y que cuando lo hizo dio por hecho “que todo lo anterior era correcto”.

Similares argumentos

Argumentos muy similares son los que esgrime la otra imputada que ya ha presentado recuso ante el juez Andreu. La defensa de la catedrática Araceli Mora insiste en el escrito que ella “ejerció como consejera independiente de esta entidad bancaria [Bankia] desde el 16 de junio de 2011 hasta el 25 de mayo de 2012” y que, por tanto, “ni participó, ni pudo intervenir en cuantos eventos se citan en la querella, todos anteriores a su incorporación al Consejo de Bankia”. Sus abogados recalcan que ella no participó en las decisiones adoptadas en relación con la salida a bolsa de la entidad y que, sin embargo, esa operación contó con el visto bueno de otras personas, “como los altos responsables del Banco de España y la CNMV, la firma de auditoria Deloitte, los bancos de inversión que informaron y tutelaron el proceso de salida a Bolsa de la entidad, determinando sus bandas de valoración, o las entidades financieras que sumieron la colocación de acciones”, a los que, insisten, no se les ha imputado.

El recurso, presentado el pasado 20 de julio, sólo tres días de que se le notificase la imputación a Araceli Mora, destaca que ella sólo recibió “una retribución a título de dietas, conocida por el Banco de España y sensiblemente inferior a la de otras entidades financieras del nivel y volumen de Bankia”, y que no participó en la emisión de las polémicas participaciones preferentes, ni en “aquellas conductas de maquinación para alterar el precio de las cosas […] o la de administración desleal en relación con prejubilaciones y blindajes autoconcedidos” a los gestores de las cajas que se integraron en Bankia.

Sobre el conocimiento que supuestamente tenía de las cuentas y, sobre todo, de la presuntas irregularidades existentes en ellas, el recurso alega que ella nunca tuvo “funciones ni tareas ejecutivas” y que la información que manejaba sobre las mismas se limitaba a la que recibía “de la auditoria interna”, sobre la que, subraya, la auditoria externa “nunca manifestó mayor objeción”. Por todo ello, la catedrática pide que se le retire la imputación para no seguir sufriendo “la llamada pena de banquillo” que, en su opinión, le está provocando “un daño reputacional irreversible que lamentablemente no podrá repararse con el futuro sobreseimiento”.