Publicado: 22/04/2019 05:15
Combatir o no la corrupción tiene un impacto de en torno al 4,5% del PIB en los países desarrollados. Esa es la conclusión a la que llega el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la corrupción, entendida como "el abuso del poder público para una ganancia privada". "Los países que entran en el 25% superior en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas tienden a recaudar un 4,5% más del PIB en ingresos tributarios que los países del 25% inferior", concluye el Informe "Frenando la corrupción" publicado por el Fondo este mes de abril.
El estudio no menciona directamente a qué países incluye en cada grupo pero fuentes del FMI aclaran a Vozpópuli que a la hora de definir los grupos de países más y menos corruptos, el informe del Fondo se ha apoyado en los informes de "Control de la Corrupción" de los Worldwide Governance Indicators (WGI), que ponen en relación todos los indicadores mundiales existentes en materia de percepción de la corrupción por parte de la sociedad - en especial, por parte de empresarios -, y que sitúan a España "en el 25% inferior en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas".
España está en el 25% con peor percepción en términos de control de la corrupción entre las economías desarrolladas
Así, de acuerdo a los cálculos que investigadores del Fondo han hecho a partir de los WGI, España estaría dejando de recaudar un 4,5% del PIB por su deficiente control de la corrupción, lo que, atendiendo al PIB actual de nuestro país, equivaldría a cerca de 60.000 millones de euros anuales.
El cobro de sobornos, la complejidad y opacidad del sistema tributario, la discrecionalidad de funcionarios, Las grandes licitaciones, la falta de transparencia y la colusión entre los licitadores, los cambios sustanciales en los proyectos después de su adjudicación y abreviaciones en los procesos de licitación, son algunos de los fenómenos con los que el informe asocia la corrupción.
Progreso
El informe ve como "algo de progreso" al que se apunta en España con la nueva ley de contratación pero deja claro que queda mucho por hacer y pone el ejemplo de Georgia, donde una serie de importantes reformas dirigidas a reducir el empleo público, mejorar los salarios, ponderar el mérito y simplificar el sistema fiscal se tradujeron en que la recaudación tributaria del país pasara del 12% del PIB en 2003 al 25% en 2008.
Atendiendo a la pesquisa del Fondo, además de limitar la recaudación, la corrupción parece reducir la eficiencia de la inversión pública - entre los países emergentes, los más corruptos tienen que invertir el doble para conseguir el mismo capital físico que los menos corruptos - y condicionar el uso que se la da al dinero recaudado: el grupo de los países percibidos como más corruptos dentro las economías desarrolladas dedican un 3% menos del total de sus gastos a educación y salud - equivalente a unos 9.000 millones en el caso de España - que los menos corruptos.
De un control equivalente a Hungría a 90.000 millones
El del FMI no es el primer estudio que pone cifra al coste de la corrupción de una forma aplicable a España. En octubre de 2018, los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Francisco Alcalá y Francisco Jiménez publicaban un informe en el que estimaban que elevar la calidad del control de la corrupción hasta los niveles de productividad del país en el resto de sus actividades podría suponer un crecimiento del PIB per cápita español del 16% al cabo de 15 años.
De acuerdo a este mismo informe, el control de la corrupción en España es comparable al de países con una productividad hasta un 32% inferior, como el caso de Hungría.
Un informe de Los Verdes estima que España pierde por la corrupción 45 veces lo que invierte en Justicia
Otro estudio, del grupo europeo de Los Verdes, apoyado en datos de tres índices internacionales de corrupción (CPI, ICRG y COC), datos de Eurostat, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, ha estimado que el coste de la corrupción, entendida como el aprovechamiento del poder político para una ganancia privada (incluidos los beneficios indirectos por el fraude fiscal), asciende a los 90.000 millones anuales en España, 45 veces lo que el Estado invierte en Justicia.
El informe de Los Verdes ubicaba a España entre los peores países de Europa en la materia, solo por encima de Italia y Rumanía.
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