FMI, BdE, CEOE, IEE... todos contra la subida del SMI del Gobierno

Una de las medidas estrella del pacto presupuestario del Gobierno con Unidos Podemos es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que escalará a 900 euros mensuales en 14 pagas en el año 2019. Tal y como ha dicho el propio Gobierno, es la mayor subida del SMI de la historia y costará 340 millones de euros. Los sindicatos celebran esta medida, pero no gusta nada a los organismos económicos: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de España, CEOE o el Instituto de Estudios Económicos (IEE) son algunos de los que se han mostrado en contra de una iniciativa de este tipo.

Casi todos coinciden en el análisis: los incrementos pronunciados del SMI podrían poner en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes. ¿Por qué se puede dar esta situación? Porque una subida fuerte del SMI implica un aumento importante de los costes que tiene que asumir el empleador. Y eso hace que algunos se planteen si les compensa ajustarse al nuevo mínimo legal o, por el contrario, acabar la relación laboral.

Lamentablemente, algunos optan por rescindir los contratos. Por eso algunos economistas sostienen que las subidas fuertes del SMI no ayudan al empleo, sobre todo cuando las empresas siguen atravesando momentos delicados. Lo dijo alto y claro el FMI en su última visita a España. La CEOE, por su parte, ha tardado poco en denunciar el pacto al asegurar que la subida a 900 euros "cuestiona el diálogo social" y tendrá "efectos negativos" en la negociación colectiva.

De hecho, la patronal ha recordado que los agentes sociales ya habían pactado con el Gobierno de Mariano Rajoy que si el PIB subía por encima del 2,5% y los afiliados crecían en más de 450.000 personas, el SMI alcanzaría los 773 euros en 2019 y los 850 euros mensuales en 2020. La diferencia respecto a lo que ha aceptado hacer el Gobierno es bastante grande.

El IEE cree que la medida fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y que elevará el paro estructural

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) también ha sido otro de los organismos en reaccionar rápido a esta medida. A su parecer, ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y la economía sumergida y elevará el paro estructural de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados.

Y los más perjudicados no serán los que están ganando salarios alrededor del mínimo, aunque algunos tendrán incluso que enfrentarse a pérdidas de empleos o reducciones de jornada, sino los trabajadores con más dificultades para acceder al mercado laboral y los más propensos a permanecer en el paro. Para el IEE, esta medida es un atajo que generará más desempleo y menos avances en salarios de los que se conseguirían por otras vías. De hecho, el IEE ya elaboró un informe sobre esto en el año 2017.

El Banco de España también se posicionó el año pasado cuando valoró la subida de 2017, que dejaba el SMI en 707 euros al mes. Esta subida, dijo entonces, podría provocar un descenso global del empleo del 0,1% y avisó de que el impacto aumentaría al 1,4% si se llevaba a 800 euros en una primera fase y a 950 euros. Y la pérdida potencial podría llegar al 3,5% en el caso de los salarios más bajos y al 7,5% con las subidas más agresivas del SMI.  

Medio millón de afectados

El Gobierno anterior también reconoció los efectos perniciosos de tomar una medida de este tipo en la última actualización del programa de estabilidad. Reconoció que la subida de 2018 podría restar una décima al PIB y al empleo ya en este año y que el impacto irá creciendo con los años hasta llegar a prácticamente medio punto dentro en cada una de las variables en los próximos diez años. 

Lo que está claro es que la medida no ha gustado mucho a los organismos económicos, que ven con malos ojos estos aumentos de gasto que, además, benefician solo a poco más de medio millón de personas, sobre todo mujeres, extranjeros y jóvenes con un bajo nivel de formación. En cualquier caso, los Presupuestos aún tienen que pasar el visto bueno del Parlamento para entrar en vigor.