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Economía

La última batalla de la guerra comercial Estado-Generalitat desquicia a la gran empresa

El Corte Inglés de Portal de l'Angel, Barcelona

El último capítulo de la guerra Gobierno-Generalitat con el comercio como campo de batalla se vivió este pasado viernes. El Gobierno recurría ante el TC, en Consejo de Ministros, la ley catalana 7/2014, de 23 de diciembre, de Equipamientos Comerciales. Es la ley que establece las condiciones para instalar nuevos establecimientos y el objeto de polémica son dos artículos que vienen cambiándose en los últimos años y que, básicamente, enfrentan dos modos de entender la regulación comercial: CiU siempre ha estado a favor de controlar la construcción de nuevas superficies comerciales o la ampliación de las ya existentes. Desde Madrid se ha querido que la Generalitat pasé por el aro de una legislación más aperturista con la que se pueda abrir o ampliar los centros comerciales más grandes.

En el centro, los representantes de las empresas afectadas se confiesan "desquiciados" por estos vaivenes regulatorios sin fin, que aseguran perjudican con la inseguridad jurídica que generan a su actividad empresarial y a la creación de empleo.

Los empresarios son más próximos a la Comunidad de Madrid, que ha provocado aumento de empleo pero también crecimiento descontrolado de centros comerciales

"El comercio ha sido, como tantas otras cosas, un campo de batalla entre la Generalitat y el Estado, entre Madrid y Barcelona, en el que en los últimos años no han hecho sino enfrentarse. El proceso viene siendo siempre el mismo: Barcelona legisla alguna cosa relacionada con el comercio. El gobierno central la recurre. Mientras queda suspendida cautelarmente la Generalitat vuelve a hacer otra ley relacionada con el tema. Así llevamos al menos los últimos 4 años", asegura una fuente empresarial que prefiere no identificarse para no generar aún más polémica. Las posturas de las patronales empresariales madrileñas se encuentran más próximas a las del Gobierno actual y especialmente a las del gobierno autónomo de la Comunidad de Madrid, que aprobó en 2012 la liberalización total de horarios comerciales, una de las grandes apuestas del ejecutivo de Esperanza Aguirre y cuyos resultados a tres años vista son evidentes: ha aumentado la superficie comercial y también el empleo en el sector.

Regulación de horarios suspendida

Precisamente en cuanto a horarios comerciales, el TC suspendió en diciembre de 2014 la ley catalana de horarios comerciales, después de un recurso presentado un mes antes por el Gobierno de Mariano Rajoy, que alegaba que "vulneraba la normativa estatal al establecer un régimen horario más restrictivo". Este tipo de decisiones no son comprendidas por la mayoría del electorado de partidos nacionalistas, que no entienden por qué tienen que rendir cuentas a Madrid para algo en teoría tan poco relevante como son los horarios comerciales. Esgrimen que Cataluña es, con restricción horaria y todo, la comunidad autónoma más visitada por turistas extranjeros, toda una potencia turística sin visos de perder fuelle que recibe nada menos que a uno de cada cuatro visitantes extranjeros. Sin Cataluña, España pasaría de ser el tercer país más visitado del mundo a la sexta posición.

En realidad, un propio informe de la Autoridad Catalana de la Competencia concluía que la excesiva regulación en la comunidad catalana no es que estuviera ayudando, precisamente, al comercio local. "Las barreras regulatorias permiten que operadores ineficientes se mantengan artificialmente en el mercado y que éstos no se vean sometidos a la presión competitiva. En este sentido, los pequeños comerciantes se sienten "protegidos" y pierden incentivos a modernizarse y especializarse, lo que es claramente contraproducente. La supervivencia del comercio tradicional depende precisamente de su capacidad para modernizarse y especializarse en ámbitos en que se pueda diferenciar y resultar competitivo o bien en buscar alternativas de organización”, aseguraba el citado informe.

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