Publicado: 14/05/2018 05:15
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), la principal asociación en España que representa al colectivo, considera que el número de administradores concursales que existe en el país "es excesivo para una especialización y un funcionamiento correcto de la profesión", hasta el punto de que no son necesarios más de 500, cuando hay registrados más de 12.000.
Aspac estima que unas 12.000 personas están inscritas como administradores concursales en España. En la actualidad, básicamente, para poder ser designado por un juez como administrador concursal, un abogado o un economista deben registrarse como tales en sus respectivos colegios profesionales acreditando formación en la materia. Tras ese trámite, los Colegios envían los listados a los juzgados, y son los magistrados de los juzgados mercantiles los que designan, según su criterio, a los profesionales a cargo de la administración de empresas en concurso de acreedores.
Diego Comendador, presidente de Aspac, defiende que en España no existan más de 500 administradores concursales registrados "para hacer del sector una verdadera profesión". En países como Francia, Reino Unido, o Alemania, el número de concursos de acreedores que sucede anualmente es muy superior al de España, donde en 2017 se registraron cerca de 4.000 (otros países triplican esa cifra), pero el número de administradores concursales es inferior al medio millar.
Las sospechas de amiguismo en las relaciones entre jueces y determinados administradores concursales persisten
Comendador considera que la crisis económica disparó el número de abogados y economistas que se inscribieron como administradores concursales. Por un lado, la cifra de empresas declaradas en concurso de acreedores se multiplicó hasta niveles nunca vistos antes; y los abogados y economistas que también sufrieron la crisis con pérdida de clientes e impagos optaron por especializarse en la administración concursal.
"De los 12.000 administradores concursales que hay en España, entre 2007 y 2014, aproximadamente, sólo 600 o 700 trabajarían en más de uno o dos concursos de acreedores", señala el presidente de Aspac. Los jueces de los mercantiles suelen designar para los mayores concursos de acreedores que caen en sus juzgados a abogados o economistas de su confianza, con los que ya ha trabajado en otras ocasiones.
El dislate del excesivo número de administradores concursales existentes en España podría corregirse mediante el desarrollo del último Real Decreto referido a la profesión, pero el Gobierno no lo ha hecho. Los planes pasaban por crear un exámen de acceso a la figura de administrador concursal, y que los administradores de los concursos fueran designados por sorteo, y no como ocurre ahora por decisión del juez de turno, pero las sucesivas crisis de Gobierno han impedido el desarrollo normativo necesario.
En 2015 desde el Gobierno se trató de desarrollar el estatuto de la administración concursal y se entregó a asociaciones y colegios de abogados y economistas un documento de motivos, titulado Memoria del anáislis del impacto normativo del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el estatuto de la administración concursal. Ya en ese documento se admitía que los requisitos de acceso a la administración concursal "son insuficientes y poco transparentes".
La laxitud de los requisitos exigidos para ejercer de administrador concursal trae como consecuencia "el gran tamaño de las listas de administradores concursales de los Decanatos", decía el informe. El documento llegaba a manifestar que en "algunos casos aislados" estas prácticas "han podido bordear, si no traspasar, lo admisible". Y enumeraba algunas de esas prácticas no admisibles, como "el nombramiento como administradores concursales de antiguos alumnos en cursos de formación establecidos como obligatorios para acceder a la lista, nombramiento de personas con las que se guarda una especial relación, etcétera".
Tres años después de que se elaborara aquel informe, la profesión de la administración concursal sigue sin estar regulada correctamente. Las sospechas de amiguismo entre jueces y determinados administradores concursales ahí sigue.
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