Economía

Sin dinero, sin trabajo, sin prestigio: la ruina del caso Puma para Temboury y Ramallo

Miguel Temboury, Subsecretario de Economía con Luis de Guindos, ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia del Supremo que le condenó a él, y al exdiputado del PP Luis Ramallo, por el arbitraje del caso Puma y Estudio 2000. "Estoy en la ruina", dice Ramallo.

Miguel Temboury y Luis Ramallo.
Miguel Temboury y Luis Ramallo. Vozpópuli.

En el exquisito mundo del arbitraje internacional, el caso Puma contra Estudio 2000 sigue a día de hoy motivando disertaciones y opiniones en despachos de abogados de Madrid, Nueva York, Pekín o Perú.

La anulación del proceso en el que participaron como árbitros el exSubsecretario de Economía Miguel Temboury, y el exdiputado del PP, también exvicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo, constituye "un precedente en el arbitraje internacional", opina el abogado de un despacho con sede en Lima (Perú); una "mala noticia para España como sede de arbitrajes", considera otro desde su oficina en Nueva York.

El caso de Puma y Estudio 2000, más allá de la trascendencia que ha tenido en el mundo del arbitraje, ha supuesto un duro golpe para el bolsillo y el prestigio profesional de Temboury y Ramallo.

"He decidido defenderme hasta las últimas instancias", dice Temboury

Tras la sentencia del Supremo, el exdiputado del PP ha tenido que "malvender" tres pisos para hacer frente a la condena y, tras años de dedicación a la política y a la notaría, se encuentra "en la ruina". El exSubsecretario de Estado de Economía ha perdido la oportunidad de presidir la filial española de uno de los mayores despachos del mundo, y parece difícil que en el futuro pueda volver a ocupar un cargo público de relevancia. Ambos han tenido que devolver, cada uno de ellos, más de 750.000 euros. Temboury, tras haber recibido sentencias en contra de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, y el Tribunal Constitucional, ha acudido a Estrasburgo

Laudo polémico

Todo comenzó hace casi diez años. El grupo alemán Puma, una de las mayores multinacionales del deporte a nivel mundial, dio por terminada en 2009 la relación que, desde los años ochenta, tenía con la empresa alicantina Estudio 2000, la cual distribuía en España sus artículos. La compañía española acudió a un arbitraje por la rescisión de esa relación, estimando que le había causado un perjuicio de entre 250 y más de 400 millones de euros. 

El presidente del tribunal arbitral constituido para abordar el caso Puma y Estudio 2000 fue Luis Ramallo; la empresa alicantina designó como árbitro a Miguel Temboury; y la marca deportiva alemana a Santiago Gastón de Iriarte, presidente del despacho AC&C Asesores Legales, que en 2016 se integró en la firma Ollero Abogados.

La conducta de Temboury y Ramallo fue "insólita", "al margen del buen juicio de cualquiera", dice la sentencia del Supremo

Mediante laudo dictado en junio de 2010, el Tribunal de Arbitraje de Madrid presidido por Luis Ramallo atendió las pretensiones del grupo alemán de recuperar sus marcas en España, a lo que se oponía Estudio 2000, pero condicionada al pago de 98,2 millones de euros a la empresa española. 

Sin embargo, ese laudo arbitral no se había firmado como debía. Ramallo y Temboury aprovecharon un viaje al extranjero del árbitro designado por Puma para reunirse y acordar el laudo el 2 de junio de 2010, excluyendo del mismo a Santiago Gastón de Iriarte, lo que fue denunciado por el grupo alemán.

La Audiencia Provincial de Madrid consideró probados los hechos denunciados por Puma, por sentencia de 10 de junio de 2011; tras esa sentencia se inició un procedimiento de responsabilidad que terminó el 20 de septiembre de 2013, reclamándose a los dos árbitros, 750.000 euros más intereses -cantidad que respondía al importe recibido por cada uno como honorarios-. El laudo arbitral fue anulado.

Ramallo y Temboury recurrieron, pero la sentencia del Tribunal Supremo fue todavía peor para sus intereses. Porque el Supremo, más allá de ratificar la sentencia de la Audiencia Provincial y desestimar los recursos, incluyó en su sentencia, comunicada en febrero del pasado año, valoraciones y calificativos deshonrosos para el exvicepresidente de la CNMV y el exSubsecretario de Economía. 

Temboury fue el número siete de la promoción de Abogados del Estado conocida como La Gloriosa, de 1996

El Supremo se refiere en su sentencia a la conducta de Temboury y Ramallo como propia de quien "ignora con arreglo a una mínima pauta de razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje y las atribuciones propias de los árbitros, desnaturalizando en suma el curso arbitral (…)". Una conducta, dice la sentencia, "insólita o insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera". 

El 7 de diciembre de 2012 se dictó un segundo laudo, por el que Puma fue condenada a pagar 42,2 millones de euros a Estudio 2000, con el voto a favor de dos de los árbitros y el voto discrepante de un tercer árbitro que estimaba en 108 millones la indemnización procedente. 

Un caso "muy complejo"

Miguel Temboury (Bruselas, 1969), nombrado Subsecretario de Economía y Competitividad el 23 de diciembre de 2011, cesó de su puesto a petición propia unos meses antes de conocerse la sentencia del Supremo, el 23 de septiembre de 2016. Con anterioridad, había presidido la Corte de Arbitraje de Madrid, entre 2007 y 2011 (su condena por el caso Puma cayó como un rayo sobre el organismo). Temboury fue reelegido para un mandato de cuatro años al frente de la Corte de Arbitraje madrileña, en noviembre de 2011, con posteridad a la anulación del laudo; un mes después fue nombrado en el Ministerio de Economía; fue relevado de la presidencia de la Corte de abritraje en abril de 2012 por Miguel Ángel Fernández-Ballesterosla.

El exSubsecretario de Economía trabaja en la actualidad en su propio despacho. A pesar del varapalo sufrido por su actuación en el caso del arbitraje Puma y Estudio 2000, su experiencia profesional en el mundo del arbitraje y su paso por el Gobierno de la mano del exministro Luis de Guindos le permiten disponer de una lista de clientes importante.

"Ahora no tengo dinero ni mucha fe en la Justicia", dice Ramallo, que este mes cumple 80 años

Pero en el mundo de los grandes bufetes, un microcosmos donde dominan las apariencias y la imagen lo es todo, el caso Puma y Estudio 2000 truncó el futuro profesional de Temboury. De acuerdo a fuentes cercanas al exSubsecretario de Economía, tras conocerse la sentencia del Supremo, un gran despacho internacional que llevaba unos meses preparando el fichaje de un nuevo presidente para su filial en España, desistió de nombrar a Temboury, quien tenía todas las papeletas para ocupar el puesto. 

"Fue un caso muy complejo", recuerda Temboury, con el que ha contactado este diario, al que ha remitido un correo electrónico con sus impresiones. "Una situación en la que la mayoría del tribunal arbitral percibió un peligro serio para el arbitraje; una anulación de un laudo que nunca señaló ni el precepto legal ni la doctrina jurisprudencial que consideraba infringidas; y una determinación de responsabilidad en la que se consideró como cosa juzgada los hechos y fundamentos de la sentencia de anulación, dictada en un procedimiento en el que los árbitros condenados no fueron parte", declara. 

"He decidido defenderme hasta las últimas instancias", dice Temboury. El exSubsecretario de Economía presentó incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo y contra la de la Audiencia Provincial que anulaba el laudo. Después acudió en amparo ante el Constitucional, siendo sus recursos inadmitidos.

Estudio 2000, la empresa que designó como árbitro a Miguel Temboury, está siendo investigada por la Audiencia Nacional

Temboury sostiene que ha sido condenado sin que se le diese posibilidad de defensa, al no haber sido parte en el procedimiento de anulación del laudo, encontrándose en manifiesta indefensión. Por esta razón los pasados días 6 y 13 de abril presentó demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, frente a la sentencia de anulación del laudo y la del Supremo que confirmó su responsabilidad en el caso; la decisión sobre la admisión de estos recursos suele tardar entre tres meses y un año. 

En el terreno económico, Temboury, casado con una hija del expresidente de Renfe, Miguel Corsini, ha salido algo airoso. El jurista, Abogado del Estado -número siete de la promoción de La Gloriosa (a la que también pertenece el marido de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría)- pudo hacer frente a buena parte de los pagos a los que fue condenado gracias a un seguro que contrató con motivo del proceso arbitral.

No así Luis Ramallo, quien tras la sentencia del Supremo ha visto cómo su patrimonio se ha reducido al mínimo. "Me han dejado sin una perra", comenta en una conversación telefónica mantenida con este diario. "Yo que he trabajado en seguros y notarías toda la vida, no me hice un seguro con motivo del arbitraje porque no lo ví necesario", lamenta el exdiputado del PP, quien este mes cumple 80 años. "Ahora no tengo ni dinero ni mucha fe en la Justicia", dice.

"La sentencia del Supremo es una mala noticia para España como sede de arbitrajes", dice el abogado de un bufete de Nueva York

Ramallo se ha visto obligado a "malvender" tres pisos que tenía en Madrid, en una de las calles nobles de la capital, para hacer frente al coste de su actuación en el arbitraje. No ha recibido apoyo alguno de su antiguo partido, y subraya no percibir ninguna pensión por su paso por el Congreso de los Diputados, tras siete legislaturas. 

En su opinión, en la sentencia del Supremo y en su comunicación hay algo de escarnio público. "En la sentencia se publicaron nuestros nombres, y esta fue enviada a todos los medios por el gabinete de comunicación del Supremo; según me informaron indirectamente, al ser personajes públicos podían hacerlo", señala. Ramallo da por cerrado el caso y, a diferencia de Temboury, no ha recurrido a Estrasburgo.

Ramallo y Temboury fueron además demandados por Estudio 2000, en junio de 2014. El exdiputado del PP alcanzó un acuerdo con la empresa española el 25 de noviembre de 2015, desistiendo del procedimiento contra él. Temboury llegó a un acuerdo con Estudio 2000 el 24 de mayo de 2017, poniendo fin a dicho procedimiento.  

Perú, Nueva York 

El caso del arbitraje anulado que enfrentaba a Puma y Estudio 2000 ha llamado la atención de abogados y expertos en la materia de medio mundo. "Un despacho de abogados de China me ha pedido la sentencia del Supremo", comenta un conocido abogado español. 

"Lo particular de este caso es que no sólo hubo anulación por falta de deliberación colegiada, sino que adicionalmente se inició un proceso de responsabilidad contra los árbitros y fueron condenados", dice José María de la Jara, asociado del bufete Bullard Falla Ezcurra +, con sede en Lima (Perú). "Los pronunciamientos de anulación y de responsabilidad en Puma contra Estudio 2000 constituyen un precedente en el arbitraje internacional", afirma. 

La sentencia del Supremo "deja claro la independencia del Poder Judicial español", considera el abogado peruano José María de la Jara

"La Sentencia del Supremo me parece una mala noticia para España como sede de arbitrajes", opina Aníbal Sabater, socio del despacho neoyorquino Chaffetz Lindsey. "Primero porque, aunque a lo mejor llegó a una solución legalmente sostenible, no explicó debidamente esa decisión y en concreto cómo se produjo el daño", indica. "Segundo, porque abre la puerta para que se atenúe la confidencialidad de las deliberaciones", señala. Sabater, con 20 años de experiencia en arbitrajes internacionales, cree que sería "bueno para España y para el sistema legal que el caso llegue a Estrasburgo y allí se puedan analizar estas cuestiones con más detenimiento". 

Aníbal Sabater recuerda que un árbitro "causa daño a las partes cuando pone su dedo en la balanza y altera el resultado del procedimiento". En el caso de Puma y Estudio 2000 "no está nada claro, leyendo la sentencia del Supremo, que la exclusión del tercer árbitro cambiara el curso del caso"; la conducta ilícita "no parece haber alterado el curso del procedimiento, el que iba a perder, perdió en todo caso", comenta. En España, recuerda, hay dos requisitos para que un árbitro sea civilmente responsable, que haya actuado de forma dolosa, temeraria o de mala fe, y que esa conducta perjudique o cause daño a una parte en el arbitraje.

Para José María de la Jara, el caso del arbitraje anulado no daña la imagen de la Corte de Arbitraje de Madrid ni la del sistema español de arbitraje. "Lejos de dañar su reputación, el caso es un precedente muy positivo respecto a la comunidad arbitral española", piensa el abogado peruano. "Deja claro la independencia del Poder Judicial Español, el respeto al debido proceso y al pacto de las partes y, especialmente, el castigo de aquellas conductas que se consideran inadecuadas".



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