Impuestos

Eliminar Sucesiones obligaría a pedir 3.000 millones a la clase media vía IRPF

También habría que tocar Patrimonio. Y cualquier cambio en el Impuesto sobre la Plusvalía Municipal llevaría a tocar el IBI para compensar a los Ayuntamientos.

La Conferencia de Presidentes que se celebró en enero dio lugar al compromiso claro: iniciar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica, un cambio legislativo que lleva pendiente desde 2014 y que ahora el Ejecutivo quiere cerrar antes de que acabe 2017. Y esa reforma vendrá, sin duda, con nuevos cambios fiscales. Todo apunta a que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones será uno de los grandes protagonistas del debate, puesto que cada vez se oyen más voces reclamando su supresión.

Pero hay un problema. Es un impuesto que actualmente aporta unos 3.000 millones a las arcas de las comunidades, una cantidad a la que difícilmente se puede renunciar en estos momentos, que Bruselas vigila de cerca las cuentas españolas y pide al Gobierno mano dura con las regiones. Los técnicos de Hacienda (Gestha) lo tienen claro. Si se elimina este impuesto habrá que compensar a las CC.AA. con subidas en otras figuras que pueden castigar a la clase media, como el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.

Si miramos el mapa que acompaña a la noticia, vemos que Cataluña y Andalucía son las regiones que más ingresan por este impuesto, con unos 450 y 400 millones, respectivamente. Pero la recaudación también es elevada en otras regiones como Madrid y la Comunidad Valenciana. Murcia, que solo ingresó unos 80 millones en 2015 ya ha anunciado su intención de eliminarla en 2018. Otras se resisten más a hacer esta renuncia.

Y algo parecido podría pasar con el Impuesto sobre la Plusvalía Municipal, un impuesto que actualmente recaudan los Ayuntamientos y que casi seguro que habrá que modificar tras la sentencia del Tribunal Constitucional de Guipúzcoa, que anula el tributo cuando la venta del inmueble se ha hecho sin generar beneficio. Los técnicos están convencidos de que este fallo supondrá una modificación del impuesto a nivel estatal y avisan de cualquier pérdida de recaudación para los consistorios se tendrá que compensar vía IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La factura, a la clase media

Pero los técnicos no comparten estos cambios. A su parecer, sustituir figuras como el Impuesto de Sucesiones o el Impuesto sobre la Plusvalía por otras como el IRPF y el IBI es como dar más ventajas fiscales a los herederos de las grandes fortunas y pasar la factura a las personas de clase media que solo son propietarias de uno o dos inmuebles, algo muy común en este país. Por ejemplo, el 77,7% de los españoles posee una vivienda o una vivienda y un garaje. Y se verían muy afectados por un cambio así.

De hecho, afirman que la supresión de Sucesiones solo beneficiaría al 0,7% de los contribuyentes, todos ellos titulares de grandes fortunas. Y perjudicaría al 72,4% de los ciudadanos con ingresos anuales entre 6.000 y 60.000 euros, que serían los que tendrían que compensar la pérdida de la recaudación para evitar un nuevo agujero en las cuentas de las comunidades autónomas, en un momento en el que el déficit público sigue lejos del 3% que pide Bruselas.

Por eso rechazan la eliminación del tributo. A su parecer, esta figura tiene una finalidad redistributiva muy importante para el sistema fiscal español. De hecho, es un impuesto que forma parte de los sistemas tributarios de la mayoría de los países avanzados de la OCDE y de la UE. Y España se sitúa en la media de la Eurozona en presión fiscal.

Aunque creen que no hay que eliminarlo, reconocen que sí es necesario hacer algunos cambios para armonizarlo. Y es que es cierto que es una figura que genera importantes diferencias entre las comunidades autónomas. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en una herencia de 800.000 euros, la factura fiscal no llegaría a 2.000 euros en Madrid o Cantabria, mientras que rondaría los 160.000 euros en Andalucía y Asturias. 

Los técnicos creen que habría que armonizar el impuesto en todas las CC.AA. para reducir las diferencias

Por eso y para que los ciudadanos no consideren injusto el impuesto, se podrían establecer mínimos y máximos en los tipos para reducir las diferencias. De esta forma, se limitarían las bonificaciones cercanas al 100% como la que aplica Madrid. También se podrían establecer más posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento a la hora de pagar, lo que haría que los ciudadanos que fueran a percibir una herencia no se sintieran tan presionados. 

Lo que está claro es que este impuesto va a seguir dando de qué hablar. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya dijo que la segunda vuelta de la reforma fiscal vendría con la reforma de la financiación autonómica y que se centraría en los impuestos autonómicos. Eso sí, seguramente no contaba con la presión que están ejercicio algunas comunidades y con los problemas que están surgiendo con algunas figuras. Veremos cómo avanzan las negociaciones. 



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