Economía

Los afectados del Castor exigen ante el juez 1.000 millones de fianza a ACS por el daño causado

La asociación Aplaca presenta un escrito ante el juez en el que exige 12.000 euros por cada residente en la zona que sufrió el "daño material y moral" provocado por los terremotos del Castor. "El temor, la angustia y la incertidumbre sufrida son indemnizables".

El juicio que se desarrolla en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vinaroz (Castellón) contra los presuntos responsables de los terremotos provocados por el Castor acaba de dar un giro inesperado. La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) acaba de presentar un escrito ante el juez, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que exige “una fianza por posibles responsabilidades civiles de todos los investigados como presuntos responsables” de los “daños materiales y morales” provocados por los más de 500 terremotos que tuvieron lugar en septiembre de 2013.

El escrito, firmado por la procuradora Mercedes Cruz en nombre de Aplaca, fija en 12.000 euros el “posible perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los sismos. Dado que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los municipios afectados de Alcanar, Benicarló, Sant Carles de la Rápita, Ulldecona y Vinaroz suman una población de 86.284 personas, afirma el escrito, la fianza para una posible indemnización global para todos ellos se elevaría a 1.035 millones de euros.

La asociación de afectados pide al juez que admita a trámite el escrito y declare como “responsables civiles directos a las siguientes entidades: ACS, socio al 66,67% de la entidad concesionaria), Escal UGS (entidad concesionaria), el Estado español, Castor Limited Partnership o CLP (socio al 33,33% de la entidad concesionaria) y Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7% de Castor Limited Partnership o CLP”, según recoge el escrito registrado con fecha de 29 de junio de 2016.

Fuentes de Aplaca han señalado que la asociación continúa en la lucha por defender los intereses de las “personas que han sido afectadas material o moralmente por los terremotos de la plataforma Castor”. La Asociación sostiene que el “temor, la angustia y la incertidumbre sufrida a lo largo de todos estos años es indemnizable”, tal y como el propio Juzgado de Instrucción ya reconoció explícitamente en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.

El equipo jurídico de la asociación ha tomado de referente para pedir la fianza el daño provocado a las víctimas del hundimiento en Italia del Costa Concordia

Las fuentes añaden que “desde la asociación recuerdan que la promotora ESCAL UGS es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente. A esto hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social (tal y como publica el propio Registro mercantil), así como el hecho que la empresa no disponga de página web. Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma”.

Antes de que esto ocurra, defienden desde Aplaca, se debería establecer una fianza para que los presuntos culpables, en caso de ser declarados como tal, afronten el pago de las indemnizaciones. El juicio se ha declarado complejo y su instrucción se prolongará, previsiblemente, durante todo 2016. El juez ha elevado a 20 el número de imputados.

El referente utilizado por el equipo jurídico de la asociación de afectados para fijar las posibles indemnizaciones por ciudadano remiten al “hundimiento en Italia del buque Costa Concordia”, reseña el escrito.

“En aquel procedimiento, una Asociación de Víctimas, constituida al amparo Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (como lo es Aplaca), demandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos de ellos indemnizaciones por daños corporales y para todos ellos una indemnización por perjuicio moral. Como en el barco, estos vecinos han sufrido, y no durante horas sino durante años, como bien confirma el Sindic des Greuges de la Generalitat de Catalunya, la angustia y el estrés producidos por la instalación de la plataforma. Han sido igualmente durante semanas víctimas del miedo colectivo que se produjo en toda el área afectada por los seísmos, durante el periodo en el que se produjeron. Más aún, continúan a día de hoy y desde hace muchos meses con la incertidumbre sobre un posible reinicio de las actividades gasísticas, sugerida por diversos medios e incluso intuida en algunas recientes declaraciones efectuadas por testigos ante el Juzgado”, concluyen desde la asociación.



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