La CNMC no se moja: traslada a Guindos la decisión sobre el futuro del consejero salpicado por la Púnica

El ministro de Economía, Luis de Guindos, deberá determinar en las próximas fechas si mantiene a Eduardo García Matilla en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si le aparta del organismo. El mandato del polémico consejero ha concluido este miércoles, por lo que el departamento ministerial deberá dictaminar si le sustituye o si le renueva en su función para los próximos seis años. La gran pregunta que se plantea en el seno del regulador es cómo influirá en esta decisión la aparición de García Matilla en el sumario de la Operación Púnica como socio de una de las empresas de José Antonio Alonso Conesa, quien es considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

El nombre de este consejero figura en el extenso sumario de esta trama de corrupción por haber estado asociado con una de las empresas que el juez Eloy Velasco investiga como sospechosas de ser utilizadas como pantalla por los implicados en esta red de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Eduardo García Matilla, fue presidente durante casi dos décadas de Corporación Multimedia S.A., una sociedad dedicada a la investigación y la asesoría sobre el negocio audiovisual que estuvo participada por Zima Iniciativas S.A., al menos, entre 2009 y 2012. Esta entidad figura en el sumario de esta operación anticorrupción por estar en la órbita de Mistral Inv. S.L., una sociedad pantalla que fundó José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y considerado como uno de los conseguidores de la trama. El administrador en ese momento era su hermano, Agustín.

A este nexo con los Alonso Conesa se suma el que, entre 2005 y 2009, Corporación Multimedia S.A. facturó más de 1 millón de euros a Telefónica entre 2005 y 2009, algo de lo que García Matilla no informó ni al Parlamento ni a la CNMC antes de acceder a su cargo. Este hecho no es ilegal, pero resulta cuestionable cuanto menos, toda vez que debe tomar importantes decisiones sobre esta empresa de telecomunicaciones y sobre sus competidores. 

García Matilla cobró 1 millón de euros de Telefónica entre 2005 y 2009 a través de la empresa Corporación Multimedia S.A.

A pesar de este antiguo vínculo, no se ha abstenido a la hora de votar sobre esta compañía. De hecho, fue especialmente nombrado el voto particular que presentó a la compra de Digital Plus por parte de Telefónica, en el que criticaba la inconcreción de algunos de los compromisos adquiridos por la teleco ante el regulador del mercado. Principalmente, en lo relativo al número de canales premium que el nuevo gigante del sector pondría a disposición de sus competidores o al límite en la captación de clientes.

Este medio de comunicación ha tratado de obtener la versión del protagonista de los hechos en reiteradas ocasiones, pero en todas ellas ha declinado pronunciarse. Competencia anunció que analizaría estas informaciones para tomar una decisión al respecto, pero ni desde este organismo ni desde el Ministerio de Economía se han producido noticias en este sentido. Ahora bien, en las manos de este último está el que continúe ejerciendo su función durante los próximos seis años.

El futuro inmediato de la CNMC

Además de sobre García Matilla, el Gobierno deberá tomar pronto una decisión sobre el futuro de los otros dos consejeros de Competencia cuyo mandato ha finalizado este miércoles: Diego Rodríguez y María Ortiz. Según explican fuentes cercanas al regulador, pueden ocurrir tres cosas en lo que respecta a este tema: por un lado, que el Ejecutivo los renueve por seis años; por otro, que los destituya y proponga al Parlamento otros tres candidatos y, por último, que opte por no alterar la estructura de la CNMC hasta después de las elecciones generales. Es decir, porque los mantenga en situación de interinidad para dejar que sea el nuevo Gobierno el que se pronuncie al respecto.

Sea cual sea la decisión, estará sujeta a diferentes interpretaciones políticas dentro de un organismo en el que existe una importante fractura interna desde hace varios meses, radicada en la Sala de Competencia, pero con repercusiones en la de Regulación y fundamentada en las diferencias entre los consejeros más cercanos al Partido Popular y José María Marín Quemada. El presidente decidió actuar al margen de la línea marcada por el Gobierno tras acceder a su cargo, algo que ha sido visto con buenos ojos por los partidos de la oposición, pero que le ha distanciado de los consejeros afines a Génova.

El mandato de los consejeros Diego Rodríguez y María Ortiz también ha finalizado

Desde entonces, los votos particulares han sido una constante en la CNMC. Una buena parte los han presentado los consejeros de la Sala de Competencia Fernando Torremocha y Benigno Valdés. En la mayoría, se ha solicitado la suavización de las sanciones o se ha criticado su imposición a las empresas de varios sectores.

Uno de los hechos que más ampollas levantó en el seno del organismo fue el voto particular que presentó en julio su vicepresidenta a un estudio sobre el mercado mayorista de carburantes en España. En este voto, María Fernández criticaba este trabajo prácticamente en su totalidad y acusaba a sus autores de no haber utilizado "toda la capacidad analítica disponible en la CNMC", lo que se interpretó como un golpe a Marín Quemada.

El reto de Fernández Pérez fue secundado por Torremocha y por García Matilla. Diego Rodríguez no estampó su firma en este documento, pero también rechazó este estudio con otro duro voto particular en el que cuestionaba una gran parte de su contenido. Es decir, lanzó un guiño al bando rebelde de la CNMC y aireó las severas diferencias que existen entre los miembros del regulador.