Energía

Dilema para Nadal: desmantelar el Castor cuesta 280 M. que pagarían los consumidores

El Gobierno ha determinado que el almacén de gas subacuático no volverá a tener actividad tras las conclusiones del estudio encargado al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sin embargo, la aventura del Castor le seguirá costando dinero al consumidor de gas y más si el Ejecutivo decide desmantelar la infraestructura, lo que supondría un coste adicional de unos 280 millones.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, ante el dilema del Castor
Álvaro Nadal, ministro de Energía, ante el dilema del Castor Juan Carlos Hidalgo

La tormentosa historia del almacén de gas Castor escribió este miércoles un nuevo capítulo, después de que el Gobierno anunciara su decisión de no volver a abrir la infraestructura que ocasionó medio millar de pequeños terremotos en la costa mediterránea. Pero la polémica instalación seguirá costando dinero al consumidor. Sólo mantenerla en estado de hibernación, en el que se encuentra desde 2014, supondrá un coste total cercano a los 80 millones de euros. Pero si el Ejecutivo decide finalmente su desmantelamiento, la factura se elevará en 280 millones más.

El Gobierno ha decidido dar carpetazo a la trayectoria del almacén de gas subacuático tras conocer el contenido del informe encargado en su día al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y a la Universidad de Harvard, cuyas conclusiones afloraron lo que era un secreto a voces: que los más de 500 movimientos sísmicos registrados en la costa valenciana en 2013 fueron ocasionados por las inyecciones de gas en el Castor, lo que hace inviable su funcionamiento en condiciones de seguridad.

De inmediato, el Ministerio de Energía ha determinado que no reabrirá el almacén, cuya puesta de nuevo en funcionamiento podría ocasionar terremotos de mayor envergadura a los registrados en su día, de acuerdo con el estudio, hasta alcanzar incluso los 6,8 grados en la escala Richter. Pero el dilema que se le plantea al departamento dirigido por Álvaro Nadal es qué hacer con el Castor, toda vez que no es una infraestructura que se pueda clausurar y abandonar a su suerte de cualquier manera.

Por el momento, el Gobierno se ha dado un plazo de 18 meses para encargar y analizar informes que determinen cuál es la mejor solución, tanto desde el punto de vista técnico como económico. En el primer capítulo, por el momento no se extraerá el gas que está almacenado en la instalación hasta que no se determine la manera de hacerlo en condiciones de seguridad. Sin embargo, el problema está en el segundo episodio, el relacionado con los costes de la aventura del Castor.

La factura se encarece

Sobre este asunto, llueve sobre mojado. El anterior Gobierno ya generó polémica al determinar el rescate de la concesión del almacén a Escal (participada mayoritariamente por ACS), que decidió renunciar después de comprobar los efectos de su utilización. La operación supuso un desembolso por parte del Estado de 1.350 millones de euros que, además, serían incluidos en la factura del gas durante los próximos años, a razón de casi 100 millones por ejercicio. Es decir, que todos los consumidores están siendo partícipes del rescate del Castor.

En esta cantidad se incluyen los algo más 15 millones de euros que cuesta mantener la instalación en estado de hibernación, es decir, sin actividad alguna. Así lleva desde 2014, cuando Enagás, gestor de la red gasista en España, comenzó a ocuparse de su mantenimiento en plenas condiciones de seguridad.

De este modo, a los 1.350 millones que costó el rescate hay que añadir los cerca de 80 que supondrá la hibernación hasta 2018. Teóricamente, a finales de este ejercicio, Energía debería haber tomado ya una determinación al respecto.

Polémica política

Los informes que encargará el Gobierno determinarán, además, el coste del desmantelamiento del almacén. Por el momento, solo es una posibilidad pero las estimaciones del sector apuntan a que supondría un coste adicional del entorno de los 280 millones de euros. Fuentes consultadas apuntan a que se trata de una operación complicada por los precedentes sísmicos y el entorno geológico complicado de la zona.

Como se determinó en su día, esta cifra también repercutiría directamente en la factura del gas, como todo coste asociado al Castor.

El dilema que se le plantea a Nadal y al Gobierno tiene también su derivada política. Tras conocerse el contenido del informe del MIT y las primeras decisiones del Ejecutivo, las reacciones no se han hecho esperar. En Comú Podem y Esquerra Republicana han pedido la comparecencia del ministro en sede parlamentaria y, además, el desmantelamiento de la instalación. Por su parte, ICV hizo un llamamiento al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que contribuya económicamente a la operación.

Por el momento, la decisión no está tomada. Pero, lejos de haber llegado a su final (pese al cese definitivo de la actividad), a la historia del Castor le restan aún muchos episodios.

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