Economía

La deuda pública marca un nuevo récord y escala al 100,5% del PIB en el primer trimestre

La deuda suma  1,09 billones y se mantiene lejos del objetivo anual del 99,1%.

 

El Banco de España ha publicado este miércoles las cifras de deuda pública del primer trimestre y no traen buenas noticias. La deuda del conjunto de las administraciones creció un 2,14% enero y marzo y se situó en 1,095 billones de euros, 23.000 millones más que en el trimestre anterior, lo que supone un nuevo máximo histórico. En términos entre de PIB, el endeudamiento alcanza ya el 100,5%, muy lejos del objetivo del 99,1% que se ha fijado el Gobierno para el conjunto del año en el Programa de Estabilidad.

Por administraciones, la mayor parte de la deuda se concentra en el Administración General del Estado, que tiene un saldo de 962.147 millones, el 88,3% del PIB. A continuación se sitúan las comunidades autónomas, que siguen elevando su endeudamiento y suman ya  264.174 millones, el 24,3% del PIB. Los Ayuntamientos, en cambio, son los que tienen una situación más saneada, con una deuda de 35.083 millones, que no ha parado de reducirse en los últimos trimestres y supone el 3,2% del PIB. 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid acumulan el 65% de la deuda autonómica

Las comunidades han elevado su endeudamiento en 2.700 millones en los tres primeros meses del año. Todas tienen ahora más deuda que en el cuarto trimestre de 2015, menos Canarias y Comunidad Valenciana, aunque en algunas los incrementos han sido realmente pequeños. Si miramos los valores absolutos, Cataluña (72.278 millones), Comunidad Valenciana (41.935 millones), Andalucía (31.484 millones) y Madrid (28.380 millones) son las que tienen más deuda. Entre las cuatro suman 65% del endeudamiento total.

Sin embargo, atendiendo al porcentaje sobre su PIB regional nos podemos hacer una idea mejor de las comunidades más y menos endeudadas en relación a su riqueza. En este caso, Comunidad Valenciana, con una deuda del 41% de su PIB es sin duda la región más endeudada en estos momentos, seguida de Castilla-La Mancha (35,4%), Cataluña (35,1%) y Murcia (27,9%). Andalucía en ratio deuda-PIB se queda por debajo de la media (21,6%) y Madrid sería la menos endeudada, con un 13,8%.

También están por debajo de la media del 24,3% comunidades como Cantabria (22%) Aragón (20,7%), Extremadura (20,7%), Castilla y León (19,4%), Navarra (19,1%), Galicia (19%), Asturias (18,8%), La Rioja (18,3%), Canarias (15,6%) y País Vasco (15,1%). 

Por otro lado, entre los ayuntamientos que cuentan con más de medio millón de habitantes, Madrid vuelve a situarse a la cabeza de los más endeudados con una deuda de 4.729 millones de euros, frente al endeudamiento de 727 millones de Barcelona. En cualquier caso, las dos corporaciones locales han reducido su endeudamiento respecto al trimestre anterior, con un descenso del 0,8% para Madrid y del 13% para Bacelona.

La deuda pública se ha triplicado durante la crisis económica

La deuda pública no ha hecho más que crecer durante la crisis económica como consecuencia de un déficit desbocado y la incapacidad de los Gobiernos para controlarlo. Para financiar ese déficit, los equipos que han pasado por La Moncloa estos años –el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy—se han visto obligados a emitir una gran cantidad de deuda, lo que ha hecho que esta variable prácticamente se haya triplicado en los últimos 8 años. En concreto, ha pasado de sumar 383.798 millones en 2007 a cerrar el año 2015 consolidada por encima del billón de euros.

El año en el que registró el mayor incremento, de casi un 30%, fue en 2009 bajo el mandato de Zapatero. De hecho, fue en ese ejercicio cuando el déficit llegó a superar el 11% del PIB. A partir de entonces, la deuda ha seguido creciendo, pero a un ritmo menor, salvo en el año 2012 cuando volvió a registrar un repunte considerable (del 20%), ya bajo el mandato del Partido Popular. En 2013 creció un 8,45% y en 2014 repuntó un 7%. El año pasado la deuda cerró en el 99,2% del PIB, con un incremento del 3,5%.

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La Ley de Estabilidad obliga a reducir este parámetro al 60% en el año 2020, un objetivo que cuando se planteó parecía alcanzable, pero que hoy es a todas luces imposible. De hecho, algunos organismos creen que esta meta no se podrá alcanzar hasta dentro de unos 20 años y piden que se cambie la ley para fijar cifras más creíbles.



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