Publicado: 16/07/2012 11:21
El Gobierno prevé rebajar la nómina de los funcionarios sin mencionar ninguna de las palabras tabú: ni “rebaja” ni “sueldo” porque lo que prepara es estrictamente una ampliación de las horas de trabajo ligada a una rebaja de los complementos, en concreto el de productividad. Para ello, el Ejecutivo ampliará la jornada de los funcionarios y sólo pagará ese complemento de productividad a los empleados públicos que cubran 40 horas semanales, frente a las 37 horas y media actuales fijadas como jornada laboral, según han revelado a Vozpópuli fuentes del ministerio de Hacienda.
Según el esquema que maneja el Gobierno, los empleados públicos que quieran optar a ese complemento de productividad tendrán que cubrir 100 horas más cada año que en la actualidad hasta superar las 1.750 horas anuales por empleado. En dinero, según las estimaciones de Hacienda, eso significaría recortar hasta un 30% una partida a para la que el Estado destina 900 millones de euros en la actualidad. Así pues, el ahorro estimado rondaría los 300 millones de euros. “Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado”, ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
“Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado”, sostiene Cristóbal Montoro
Además, el Ejecutivo baraja una segunda medida con la que ampliar la jornada laboral de los empleados públicos: eliminar los días de vacaciones extras a los que dan derecho los quinquenios. Hasta ahora, los funcionarios disponían de “22 días hábiles anuales” de vacaciones que subían a 23 si se superaban los 15 años de antigüedad; a 24 con más de 20 años de servicio; a 25 con más de 25 y a 26 días libres con más de 30 años de servicio.
El Ejecutivo ha descartado eliminar los moscosos (6 días de libre disposición a los que los funcionarios tienen derecho) tal y como ha reconocido públicamente el ministro Cristóbal Montoro. Eliminarlos requeriría la modificación de la ley que fija el estatuto básico del empleado público. Por el contrario, eliminar las vacaciones requiere únicamente modificar una resolución del Ministerio de Administraciones Públicas de diciembre de 2005.
El fin de las pagas extras
Fuentes de Hacienda admiten que, aunque otras decisiones todavía no están tomadas, el mayor recorte se podría lograr suspendiendo la paga extra que cobran los funcionarios “de manera temporal”. Según esas fuentes, sin esas pagas, el Estado ahorraría 1.500 millones de euros anuales en nóminas de manera inmediata.
La velocidad es la mayor virtualidad de esa medida ya que el Gobierno necesita medidas de ahorro inmediato pese a que reconoce que prepara una reforma de la Administración Pública a largo plazo para introducir el criterio del cumplimiento de objetivos en la retribución de los funcionarios. A largo plazo, el Ejecutivo pretende estabelcer un sistema de medición de objetivos y de retribuciones variables ligadas a la productividad.
Los sindicatos desconfían del ahorro por la vía del empleo
Los sindicatos de la función pública reprochan al Gobierno que no les haya convocado todavía y que no les haya informado de los cambios previstos. Pero la mayor reticencia de los sindicatos gira en torno a las cifras del ahorro. Según Jesús Vicente, responsable del sector de Administración Pública de CC.OO., "el aumento en las jornadas laborales encubre un recorte en las plantilas". Con funcionarios trabajando más horas, razonan los sindicatos, harán falta menos empleados. "Esa reducción de costes vía empleo --denuncia CC.OO.-- no tiene marcha atrás y afecta a la calidad del servicio público".
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