Publicado: 02/06/2015 04:00
El Ministerio de Hacienda ha debilitado los poderes de los interventores municipales en una orden ministerial del 7 de octubre de 2014. Si éstos antes podían denunciar un gasto excesivo de un ayuntamiento en cualquier fase presupuestaria, ahora tan sólo lo podrán hacer cuando las cuentas estén liquidadas. Es decir, a los tres meses de finalizar el año natural. Para entonces, ya sería demasiado tarde y las cuentas de unos municipios gobernados por bloques proclives a tirar de la chequera podrían haberse descontrolado. El superávit de unos 5.500 millones que registran podría evaporarse y dar al traste con el cumplimiento del exigente objetivo de déficit público.
La Ley de Estabilidad establece para todas las Administraciones unos objetivos de deuda, déficit y periodo medio de pago a proveedores. En tanto que éstos no se cumplan, las entidades públicas tienen que someterse a una senda de consolidación de las cuentas. Ahora bien, una vez se logra el superávit presupuestario como es el caso de la gran mayoría de los ayuntamientos salvo unos 500, entonces se aplica la regla de gasto, por la cual un órgano de la Administración nunca podrá aumentar sus desembolsos más allá del crecimiento a medio plazo de la economía, una cifra que fija el Ministerio de Economía y que en la actualidad se sitúa en el entorno del 2 por ciento. Lo cual a su vez significa que en principio ninguno de los nuevos consistorios podría aumentar el gasto más allá de esos niveles sin haber elevado antes los ingresos.
No obstante, ¿quién es el encargado de velar porque esto de verdad se cumpla? Con más de 8.000 municipios repartidos por toda España, la Intervención General del Estado delega esa función en los interventores municipales o, en su defecto, en los secretarios. La legislación recoge que el interventor local tendrá que manifestar si se cumple o no la regla de gasto, y activar el proceso de intervención en el supuesto de que no se cumpla. De no hacerlo, con arreglo a la Ley de Transparencia estaría incurriendo en la falsedad de datos públicos y se enfrentaría incluso a responsabilidades penales.
Es más, la ley exigía que el interventor certificase las cuentas en la fase de elaboración de los presupuestos, durante la ejecución y en la liquidación de las cuentas. Sin embargo, la nueva orden ministerial HAP/2082/2014 del 7 de octubre de 2014 cambia eso. En virtud de esta orden, los interventores sólo han de dar el visto bueno a la contabilidad de ayuntamiento al cierre de los libros. Lo dicho: como mínimo hasta marzo del año que viene. E incluso así, en ese preciso instante no comenzaría la intervención del municipio manirroto. El largo y farragoso proceso para que Hacienda intervenga un ayuntamiento y controle directamente sus cuentas tarda al menos unos siete meses. Entre advertencias y amenazas de sanción, los hombres de la Intervención no podrán asumir las riendas de la entidad en cuestión hasta finales de 2015, una dilación que podría dar barra libre al gasto durante demasiado tiempo.
La ley exigía que el interventor certificase las cuentas en la fase de elaboración de los presupuestos, durante la ejecución y en la liquidación de las cuentas. Sin embargo, una orden ministerial establece que los interventores sólo den su visto bueno al cierre del ejercicio
A menos que cambie esto, Hacienda se arriesga a tener un serio problema este año con las cuentas de las entidades locales. Hasta el momento, éstas habían sido las grandes salvadoras del déficit público con 5.563 millones de euros de superávit que compensaron el agujero creado en otras Administraciones. Pero ese colchón tiene toda la pinta de evaporarse este año ante la oleada de nuevos consistorios dispuestos a tirar del gasto.
Cuando detecten un gasto exagerado, los interventores tendrán la capacidad de obligar al alcalde a llevar un desembolso al Pleno municipal conforme a Ley de Reforma Local. Y de aprobarse esa partida, el interventor puede incluso enviar el gasto al Tribunal de Cuentas. Pero el problema radica en que este organismo fiscalizador tarda mucho. Por no hablar de que el plus salarial del interventor depende del alcalde. O de que en muchos municipios pequeños el encargado de tutelar las cuentas es un secretario municipal sin la formación suficiente en contabilidad.
Algunas fuentes recuerdan que Hacienda no ha sido siquiera capaz de controlar las cuentas de las Comunidades en un contexto de absoluta restricción financiera... "¿Cómo va a hacerlo uno por uno con todos los ayuntamientos?", se pregunta una fuente muy familiarizada con las cuentas públicas. Y es que por mucho que Montoro presuma de haber embridado a las Autonomías, el Fondo de Liquidez Autonómico sólo ha servido para que el Gobierno central tenga acceso a toda la información de las cuenta de las Comunidades. Pero no para que se ajusten el cinturón, apuntan diversas fuentes.
De hecho, el año pasado las Comunidades tenían que reducir el déficit al 1 por ciento desde el 1,55 registrado en el ejercicio anterior. Sin embargo, en vez de recortarlo lo aumentaron al 1,66 por ciento. Con toda la restricción presupuestaria del mundo, Cataluña ha seguido gastando por encima de sus posibilidades y saltándose los objetivos de déficit todos los años. Aún así, Hacienda nunca ha aplicado el artículo 135 de la Constitución. De todas las regiones cuyas cuentas estaban desbocadas, en 2014 Hacienda sólo aprobó un plan de reequilibrio para Aragón. Y este año Hacienda ha permitido que Cataluña y Valencia se apunten en sus Presupuestos unas partidas que reclaman al Gobierno central y que no van a obtener. En concreto, unos 2.300 millones y unos 1.000 millones, respectivamente.
En lugar de reducirse, el déficit público del conjunto de las Administraciones ha crecido durante los tres primeros meses del año en 1.349 millones de euros a pesar del buen comportamiento del IVA y Sociedades
Es decir, muchas Comunidades han comenzado el año con unos presupuestos que no corrigen sus desfases contables. Y Hacienda no empezará a reclamarles cambios por lo menos hasta septiembre. La cosa ha alcanzado unos extremos tales que el Consejo Europeo ha exigido en sus recomendaciones a España que refuerce la rendición de cuentas de las Comunidades. Y a este estropicio se pueden añadir los ayuntamientos gobernados por figuras como Manuela Carmena y Ada Colau, demasiado favorables al gasto público.
Por el momento, en lugar de reducirse, el déficit público del conjunto de las Administraciones ha crecido durante los tres primeros meses del año en 1.349 millones de euros a pesar del buen comportamiento de los ingresos por IVA y Sociedades. Desde luego, no se trata de un buen dato cuando el déficit ha de bajar al 4,2 por ciento del PIB desde el 5,6 por ciento alcanzado al cierre de 2014. O lo que es lo mismo, ha de disminuir en unos 14.000 millones de euros.
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