Las propuestas económicas de Rajoy y Rubalcaba sugieren que un pacto de Estado es viable

El Debate del Estado de la Nación sirvió, por una vez, para enfrentar programas y no sólo acusaciones. Y sirvió para comprobar que los discursos de PP y PSOE se han acercado en lo económico más de lo que la dialéctica dura parece sugerir. Dicho de otra manera, el pacto de Estado que la sociedad reclama es posible si se toman como referencia las medidas anunciadas ayer.

Tanto Rajoy como Rubalcaba declararon el mismo objetivo: la creación de empleo. El líder de la oposición planteó una batería de 40 propuestas entre las que destaca la redacción de una ley que obligue a destinar la mitad de lo recaudado en la lucha contra el fraude a políticas de creación de empleo. Eso, en términos económicos, significaría destinar unos 5.000 millones a esas políticas a los que habría que sumar otros 4.000 millones para las llamadas políticas activas. Teniendo en cuenta que también Mariano Rajoy propuso destinar 800 millones a ese programa de empleo juvenil, la diferencia de criterios parece estar más en las cuantías que en las medidas.

La misma situación se repite si se analiza la sequía del crédito bancario. Ambos partidos apostaron ayer por devolver el flujo del crédito y las medidas en ambos casos fueron muy similares: forzar a la banca saneada a conceder préstamos (Rajoy fijó una cantidad de 10.000 millones de euros frente a un Rubalcaba que pidió más sin concretar cuantías) y utilizar el ICO y los mecanismos del Estado para restablecer el bombeo del dinero. Las cuantías en ambos casos eran casi idénticas: Rubalcaba propuso 20.000 millones de crédito directo a pymes y autónomos, mientras que Rajoy uso la ambigua expresión de “activar líneas de mediación” para cifrar en 22.000 millones esa cuantía.  

Incluso en la columna sobre la que descansa todo el ajuste, el cumplimiento del déficit, PP y PSOE están más cerca de lo que quieren aparentar. El PSOE apostó por flexibilizar los objetivos marcados por Bruselas. Oficialmente, Rajoy se negó en rotundo. Pero los datos que hizo públicos durante el debate demuestran que ya está relajando los compromisos. El Ejecutivo no cumplirá con el 6,3% pactado con la UE sino que el déficit español rondará el 7%, según el Presidente, al que habría que sumar el 1% adicional del rescate bancario. La diferencia entre un Rubalcaba que pide incumplir y un Rajoy que ya incumple esos objetivos tampoco parece insalvable. 

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Al margen de las políticas sociales (Sanidad y Educación, en la que socialistas y populares renuncian incluso al diálogo) dos son los terrenos económicos en los que las posiciones sí quedaron claramente enfrentadas ayer: la política fiscal y la vivienda.

En política fiscal, Mariano Rajoy siguió insistiendo en bajar impuestos “en la medida en la que las circunstancias lo vayan permitiendo”. De hecho, su promesa de 2011 de que autónomos y pymes no tengan que pagar el IVA a la Administración hasta que hayan cobrado sus facturas volvió a aparecer ayer como ya hizo en 2012, aplicable a partir de 2014. Frente a esa visión, Rubalcaba apostó claramente por dos subidas de impuestos:

• La primera, al ahorro y las rentas del capital. En la actualidad las nóminas pagan un tipo máximo del 52%. Sin embargo, las inversiones en bolsa a más de un año pagan un máximo del 27%. Esos 25 puntos de diferencia permitirían un aumento de la recaudación con cargo al capital y no a los trabajadores.
• Impuestos a las grandes fortunas y grandes empresas. Los socialistas han detallado en repetidas ocasiones su intención de gravar los grandes capitales y de evitar la elusión fiscal de algunas compañías que tributan fuera de España. El PP, que ya ha revisado el Impuesto de Sociedades, se opone.

La otra gran brecha que separa a ambos partidos es la de la vivienda. El PP ha aceptado limitar los intereses de demora como proponían los socialistas. Pero el Presidente dio un portazo a la posibilidad de aceptar la dación en pago, algo por lo que Rubalcaba siguió apostando junto a una moratoria para todos los desahucios hasta que termine la crisis.

Con estos planteamientos económicos, la distancia económica entre ambos partidos no parece insalvable. Sin embargo, su distancia política puede hacer ese Pacto de Estado que reclama la ciudadanía un imposible absoluto.