Hacienda negocia una repesca del plan de financiación para los proveedores que no han entrado en el plan

La paciencia del Ministerio de Hacienda y Administración Pública con las Administraciones Públicas parece infinita. En febrero aprobó un plan de financiación a proveedores para las deudas de Ayuntamientos y cabildos, primero, y de Comunidades Autónomas, después. Luego, Hacienda sugirió en Consejo de Ministros la posibilidad de hacer quitas a esas deudas, lo que irritó a las empresas y tuvo que recular: hasta donde se sabe, las empresas no han padecido cortes de pelo. Hace nada, a finales de mayo, el ministerio anunció que los 1.471 municipios que o bien no habían cumplido con las condiciones o bien se habían despistado tendrían una reválida durante la primera quincena de julio. Y ahora estudia una segunda repesca que afecta a las empresas que no han entrado en el plan.

Si no han entrado en el plan, es porque los deudores no son ninguna de las AAPP antes citadas. Es decir, se trata de la morosidad que afecta a servicios prestados por las mancomunidades españolas, pero también a las revisiones de precios acordadas entre las dos partes antes del plan, y a las ampliaciones de servicios, antes frecuentes y ahora casi inexistentes por culpa de la crisis. Solo en limpieza, estas deudas ascienden a 500 millones de euros, según ha podido saber este medio.  

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro aún no ha tomado una decisión a este respecto. Pero la propuesta está sobre la mesa. Del fondo de 35.000 millones de euros aportado por 26 entidades financieras para dotar de liquidez a las administraciones, solo se han tocado 27.000 millones: 17.255 millones las CCAA y 9.000 los municipios. La semana pasada, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, avanzó que se intentaría contactar con los consistorios y las regiones rezagados para completar esa cifra.   

Beteta precisó en el Senado que Hacienda contemplaba una reválida para 1.471 municipios: a 315 Hacienda rechazó su plan de ajuste; al resto, o bien los propios Plenos tumbaron el plan de saneamiento o bien formalizaron mal los préstamos. Esas localidades tienen 15 días para (re)acceder al plan. Ahora las mancomunidades también tendrán su propia reválida para devolver lo que deben. Segun fuentes patronales, no habrá datos generales de todos los cobros hasta prácticamente el final del verano.