Publicado: 25/07/2012 04:00
La Unión Europea presiona al Gobierno para que transforme el rescate de la banca en un rescate soberano si la prima de riesgo no se relaja en las próximas semanas. Así lo han revelado fuentes de la Comisión Europea que apuestan por esa vía para agilizar la inyección de liquidez a España. Según esas fuentes, la Comisión plantea a España que utilice el FEEF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, en inglés European Financial Stability Facility o EFSF) para comprar no sólo activos bancarios en apuros sino también deuda soberana en el mercado primario, es decir, para que ese instrumento compre deuda del Tesoro Público directamente.
Oficialmente el ministro de Economía, Luis de Guindos, y su colega alemán, Wolfgang Schäuble, no han abordado esa variante del plan pese a que sí han discutido la situación bancaria en España. Oficialmente, Economía asegura que “sólo se han tratado cuestiones generales” porque “el encuentro se había fijado antes del repunte de la prima de riesgo española”.
Sin embargo, fuentes de la Comisión aseguran que Bruselas ha defendido ya
ante el gobierno español esa solución con el argumento de su rapidez y ha señalado al Ejecutivo el mecanismo que abren los artículos 14 y 17 del mecanismo de rescate para financiar una inyección de fondos soberana, según fuentes comunitarias. El actual mecanismo de asistencia financiera está ya estructurado y no requiere acuerdos unánimes con los miembros de la Comisión Europea sino que basta con un acuerdo por mayoría cualificada de dos tercios de los países y un quórum del 80% de los votos, algo que se cumpliría simplemente con el pacto entre España, Italia, Francia y Alemania que suman en conjunto un 77,3% de los derechos de voto.
El EFSF admite en su artículo 17 "la compra de bonos de uno de los miembros en el mercado primario, con el objetivo de maximizar la eficiencia de la asistencia financiera”.
El uso del EFSF para financiar al Estado y comprar deuda española tiene cabida se recoge de manera explícita en los artículos 14 y 17 del tratado de fundación del EFSF. El sistema, denominado “sistema precautorio de asistencia financiera” contempla expresamente que los gobernadores del EFSF pueden acordar “la compra de bonos de uno de los miembros en el mercado primario, con el objetivo de maximizar la eficiencia de la asistencia financiera”.
Las contrapartidas para España
El inconveniente político para España es que requiere una petición explícita de rescate por parte del Gobierno, algo que el Ejecutivo español intenta evitar a toda costa. De hecho, el Partido Popular sigue poniendo voz al discurso que el Gobierno intenta evitar pronunciar: el de que el BCE debe comprar deuda española para aliviar las tensiones de la deuda, algo que el BCE no ha hecho en las últimas 19 semanas.
Esa solicitud debe ser revisada por la Comisión Europea que debe utilizar tres criterios para su evaluación:
- a) El riesgo que existe para el “área euro en su conjunto”
- b) Las necesidades concretas de capital y
- c) La sostenibilidad de la deuda pública tras la inyección
Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que las mismas condiciones pactadas con Bruselas y recogidas en el MoU (Memorandum of Understanding) pueden seguir vigentes a nivel estatal, lo que sólo obligaría al Gobierno a aumentar la frecuencia de sus informes a los observadores internacionales pero no a sumar nuevas condiciones macroeconómicas a las ya comprometidas.
Alemania y Francia conseguirían un derecho de veto automático
La estructura del EFSF otorga derechos de voto a los distintos países en función de la contribución que hagan al instrumento. Con la estructura de capital actual (que no será revisada hasta dentro de cinco años) Alemania y Francia tienen derecho de veto en la práctica puesto que aportan el 27,1 y 20,3% de los fondos respectivamente. Puesto que los acuerdos en el EFSF se deben tomar por mayoría de dos tercios, ambos países se reservan la última palabra en cualquier plan de recapitalización bancaria o soberana. Lo que inicialmente otorga más poder a ambos países supone también un atajo a la hora de pactar términos y cuantías de un posible rescate puesto que ya no se hace necesario el consenso de la Unión Europea al completo.
La mayor pega a la hora de aplicar ese esquema es su tamaño. Aunque el fondo pretende alcanzar los 700.000 millones de euros, su dotación todavía no alcanza esas cuantías.
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