Generales a la vista: Hacienda abre de nuevo la mano a la contratación de empleo público

El Ministerio de Hacienda ha introducido una enmienda en la Ley de Segunda Oportunidad por la que se abre la mano a la contratación indefinida en las empresas públicas con beneficios.

En la Ley de Presupuestos de 2015 se prohibía que las sociedades mercantiles públicas pudiesen contratar personal nuevo. Únicamente se permitía que se repusiese el 50 por ciento de la plantilla jubilada siempre que la sociedad hubiese registrado tres años de beneficios consecutivos.

Pero ahora Hacienda ha relajado los requisitos. En concreto, ha introducido un cambio en la Ley de Presupuestos de 2015 que permite que se reponga el 90 por ciento de las jubilaciones y que tan sólo hagan falta dos años seguidos de beneficios en lugar de tres.

Según las fuentes consultadas, este cambio se orquesta debido a la situación de Correos, donde se ha estado ajustando mucho la plantilla. Una parte no menor de sus trabajadores incluso se ha destinado a trabajar a otros lugares de la Administración como por ejemplo la Agencia Tributaria. Así que al menos se ha intentado compensar a los que se quedan, entre los que hay un buen número de temporales.

De modo que una porción de estos empleados verán como obtienen contratos indefinidos. Dicho esto, la medida puede facilitar la contratación en otras empresas de la Administración, que también verán abiertas las puertas a reemplazar más vacantes gracias a la situación de Correos.

No obstante, las fuentes consultadas recuerdan que cualquier contratación precisa que Hacienda lo autorice con un informe previo.

El empleo público repunta

Según los datos de la EPA, a fecha de marzo de 2015 se contabilizan unos 147.000 empleados trabajando en empresas y fundaciones públicas. En el primer trimestre de 2012, se registraron unos 153.000, y ese número subió hasta los 168.000 en el primer trimestre de 2013. Apartir de ese instante, la cifra se fue rebajando hasta el registro actual, esto es, unos 20.000 trabajadores menos.

Con el PP en el poder, el empleo público en todas las capas de la Administración descendió en unos 400.000 efectivos desde el pico alcanzado en el tercer trimestre de 2011 con 3,3 millones de efectivos. Muchos de estos puestos se recortaron mediante la no reposición de jubilados, y muchos otros por la no renovación de interinos. Sólo que desde finales de 2013 esta cifra ha vuelto a repuntar en unos 47.000 empleados y ahora se sitúa en los 2,95 millones.   

Según fuentes del Gobierno, en la actualidad hay una proporción de empleados públicos sobre el total de trabajadores similar a la media de los países de la OCDE. Y como más del 90 por ciento de los nuevos ocupados pertenece al sector privado, esa proporción irá disminuyendo para situarse por debajo de la media de las naciones de nuestro entorno.

En lo que quizás no entra el Gobierno es en el número de empleados públicos designados a dedo. O en que el gasto en la remuneración de asalariados del conjunto de las Administraciones salvo los municipios haya crecido en unos 900 millones en los tres primeros meses del año, un 4,4 por ciento más debido fundamentalmente al desembolso de una cuarta parte de la paga extra suprimida, una iniciativa cuyo coste se valoró precisamente en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Durante los tres primeros meses del año, en lugar de reducirse, el déficit público del conjunto de las Administraciones ha crecido justamente en 1.349 millones de euros a pesar del buen comportamiento del IVA y Sociedades. En principio, no se trata de un buen dato cuando el déficit ha de bajar al 4,2 por ciento del PIB desde el 5,6 por ciento alcanzado al cierre de 2014. O lo que es lo mismo, unos 14.000 millones de euros.