Eurostat acusa a la Comunitat Valenciana de “tergiversación deliberada” o “negligencia grave” por maquillar sus cuentas

Las autoridades estadísticas de la Unión Europea han comunicado a la Eurocámara que han encontrado indicios de “tergiversación deliberada” o de “negligencia grave” en la presentación de las cuentas de la Comunitat Valenciana. La Unión Europea investigaba a la Generalitat Valenciana por maquillar sus cuentas públicas y por guardar en los cajones facturas de gastos sanitarios y educativos.

Eurostat revela que investiga "principalmente pero no de forma exclusiva" los gastos sanitarios de la Generalitat

En respuesta parlamentaria a los eurodiputados, fechada el pasado 19 de agosto y numerada P-005781/2014, Eurostat revela que su investigación se centra “principalmente pero no de forma exclusiva” en los gastos sanitarios de la Comunitat. Tal y como publicó Vozpópuli, las autoridades comunitarias está revisando también gastos no contabilizados en educación y recintos feriales. Según las estimaciones de Bruselas:

• La Generalitat Valenciana acumularía, al menos, 1.864 millones de gastos sanitarios sin contabilizar durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
• La UE ha detectado, además, otros 783,5 millones en “obligaciones no reconocidas en el presupuesto en partidas no sanitarias” que corresponderían a gastos en educación, universidades y recintos feriales.

En su análisis, las autoridades comunitarias responsabilizan directamente a las autoridades valencianas y no al Ministerio de Hacienda al asegurar que “en el caso concreto de Valencia, la autoridad autonómica correspondiente es la IGGV (Intervención General de la Generalitat Valenciana). Posteriormente, la IGAE transforma las cuentas públicas en cuentas nacionales y las transmite al INE (Instituto Nacional de Estadística), que, por último, las envía a Eurostat”. En ese dibujo de la cadena, la agencia estadística europea centra el origen de las irregularidades en el gobierno autonómico.

Las autoridades estadísticas de la Unión Europea aseguran que abrieron su investigación “a partir de la evaluación de una serie de fuentes, especialmente los informes públicos del Tribunal de Cuentas de esta Comunidad Autónoma (Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana)”.

España encara una sanción de hasta 4.500 millones

Según los técnicos de Eurostat, la Generalitat Valenciana suma un maquillaje contable que ronda los 2.650 millones de euros en gastos no reconocidos. Con esas cifras, el consell ha tenido ya que corregir sus cifras de déficit el 3,6% declarado en 2010 al 4,8% (1.200 millones más de agujero) y del 3,7% declarado en 2011 al 5,1% en 2011 (1.400 millones de desvío).

Otra contabilidad B: las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana | Vozpópuli

Sin embargo, la sanción no será para la Comunitat Valenciana sino para el Estado español, según recoge la legislación comunitaria y según ha detallado la UE al Europarlamento. Citando el artículo 8 del Reglamento (CE) n° 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, Bruselas afirma que España podría tener que pagar una multa de hasta el 0,2% de su PIB, es decir, de unos 2.000 millones de euros.

España se enfrenta a una sanción de hasta 2.000 millones de euros

Según esa legislación, el procedimiento comenzaría con una recomendación de sanción y terminar con una multa efectiva que no supere ese límite. Según el artículo 8, "el Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá decidir la imposición de una multa a un Estado miembro que intencionalmente o por negligencia grave tergiverse datos relativos al déficit y a la deuda que sean pertinentes para la aplicación de los artículos 121 ó 126 del TFUE y del Protocolo sobre el déficit excesivo anejo al TUE y al TFUE. Las multas serán efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza, la gravedad y la duración de la tergiversación. La cuantía de la sanción no será superior al 0,2 % del PIB del Estado miembro interesado".

La Generalitat Valenciana ha preparado ya una línea de argumentación frente a la amenaza de sanciones. Según fuentes de la Generalitat, el Ejecutivo valenciano sostiene que los gobiernos autonómicos no informaron de las facturas en el cajón porque Bruselas no exigía en esa fecha la contabilidad de los capítulos 409, 411 y 413 correspondientes a “créditos pendientes de asignación presupuestaria”. Según esas mismas fuentes, “no se discute la mala praxis contable, que ya ha sido reconocida y corregida sino si ésta merece una sanción económica o no”.