Economía

El clan de Neguri da por hecho que Francisco González será imputado tras el 10-N

Este jueves 10 de octubre el BBVA declarará como investigado por los presuntos encargos irregulares al comisario jubilado José Manuel Villarejo

Sede de BBVA en Las Tablas
Sede de BBVA en Las Tablas

Semana clave en la investigación del BBVA por el caso Tándem. Este jueves, el banco tendrá que presentarse en calidad de investigado en la Audiencia Nacional y responder a todas las preguntas que realice el juez Manuel García-Castellón por los presuntos "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos".

Este interrogatorio, que será respondido por el director de servicios jurídicos delBBVA España, Adolfo Fraguas, será clave en la causa, ya que podría ser la antesala de la imputación de más consejeros del banco o incluso la del propio Francisco González. En el País Vasco, el 'clan de Neguri', espera impaciente este momento y da por hecho que sucederá más temprano que tarde, pero después de las elecciones generales del 10 de noviembre, según fuentes cercanas consultadas por Vozpópuli.

Miembros de la vieja guardia del BBVA, de las familias Ampuero, Icaza, Ybarra o Aguirre, esperan pacientemente al resultado de esta investigación para decidir qué ficha mover en el posible nuevo asalto al banco, tras la caída de 'FG' y el debilitamiento aparente de Carlos Torres por este escándalo.

Euforia contenida

Son días de euforia contenida para la burguesía vasca. El ambiente que se respira en Neguri es de calma y satisfacción porque saben que "ha llegado la hora" de Francisco González. A pesar de que ya han pasado más de 14 años desde la salida del consejo del BBVA, la 'gente de Bilbao' aún está resentida por la pérdida de poder sufrida por culpa de las decisiones que tomó Francisco González en su día. Ahora, el antiguo clan quiere recuperar ese protagonismo perdido pero sin dar un paso en falso y sobre todo acechando de cerca a Carlos Torres.

Por lo pronto, los últimos movimientos que ha realizado el banquero se han visto con buenos ojos porque han supuesto la salida de 'hombres fuertes' de González. El banco destituyó a dos de sus grandes ejecutivos después de la imputación. Antonio Béjar tuvo que dejar su cargo como presidente de DCN y más tarde, tras colaborar con la justicia, fue despedido. El banco siempre ha desvinculado este cese de la investigación en el caso Tandem.

BBVA hizo lo mismo con Eduardo Arbizu, responsable jurídico del banco desde 2002. Este último era uno de los hombres elegidos por el consejo del banco para supervisar la investigación interna, según publicó El Confidencial. Hasta la fecha, el jurista no ha sido imputado y el banco ha rechazado hacer declaraciones sobre los motivos de su salida y si guarda relación con la investigación interna

Declaración atrasada

El banco tenía que haber declarado el pasado 24 de septiembre, pero la incompatibilidad de agendas del representante y del juez provocó que se retrasara la vista para este 10 de octubre. El pasado 29 de julio se informó de que se dirigiría la investigación contra BBVA por el caso Tándem, también conocido como caso Villarejo. La decisión respondió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a la entidad por sus negocios con el ex alto mando de la Policía. Indiciariamente se investigará a la entidad financiera por hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

La citación tuvo lugar después de que nueve directivos y exdirectivos de la entidad fueran llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de imputados. En la lista destaca el ex consejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

De los nueve investigados, solo uno ha comparecido: Antonio Béjar, quien fuera máximo responsable del área inmobiliaria del banco. Y lo ha hecho hasta tres veces. Este directivo admitió en sede judicial que su departamento contrató al menos entre 2010 y 2013 los servicios de la empresa Cenyt, propiedad del polémico excomisario. Pero defendió, en todo momento, que no sabía que la sociedad pertenecía a Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Tras su segunda declaración, la Fiscalía pidió al juez que acordara la libertad bajo fianza de 500.000 euros. Aquella misma noche fue destituido de su cargo como presidente de Distrito Castellana Norte. Posteriormente, volvió a comparecer y tras aportar más datos a la causa, el Ministerio Público retiró su petición de fianza.

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