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Economía

Mas lanza mensajes a Fainé y Oliu para que Catalunya Caixa no deje de ser catalana

Isidro Fainé y Artur Mas, presidentes de Caixabank y la Generalitat, respectivamente.

Las subastas de Novagalicia y Catalunya Caixa se han convertido en una auténtica cuestión de estado (autonómico) para sus respectivos gobiernos regionales. Artur Mas, presidente de la Generalitat, al igual que sucede con Alberto Núñez Feijóo en Galicia, no está dispuesto a que la caja nacionalizada pierda su catalanidad tras ser subastada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así, desde la Generalitat ya se han comenzado a lanzar los primeros mensajes a los responsables de Caixabank y Sabadell para que pujen con fuerza por la entidad que preside actualmente José Carlos Pla, según confirman diversas fuentes a Vozpópuli.

En paralelo, buena parte de los empresarios catalanes han comenzado también a hacer lobby con la Generalitat para evitar que BBVA o Santander se conviertan en los nuevos dueños de Catalunya Caixa. De hecho, tanto Isidro Fainé como Josep Oliu ya han recibido varias de estas ‘recomendaciones’ en las últimas semanas, como han reconocido un par de empresarios catalanes. “Por el momento, son únicamente insinuaciones pero, dado el empeño de Mas por este tema, nadie duda de que acaben siendo verdaderas presiones”, aseguran desde un par de firmas catalanas.

Caixabank ha sido la primera entidad en mover ficha coincidiendo con el llamamiento de la Generalitat. La entidad presidida por Fainé reconoció, el pasado viernes, que se lanzarán a la pujas de Novagalicia y Catalunya Caixa, lo que supone una novedad en la estrategia de La Caixa que no había participado en las dos anteriores subastas por la entidad nacionalizada catalana. “El comprador tendrá ahora ayudas (también existieron en la primera subasta) y La Caixa ya ha culminado la integración de Banca Cívica y Banco de Valencia”, razonan desde el sector.

Caixabank, ausente en las dos primeras subastas por Catalunya Caixa, ya ha confirmado su interés en pujar por la caja nacionalizada catalana

La entidad que preside Fainé tiene en Cataluña una cuota del 32%, mientras que la de Catalunya Caixa es del 14%, de manera que esta operación reforzaría aún más su posición de liderazgo en la comunidad, con una cuota de mercado de más del 46%. Para estudiar la operación, Caixabank ha contratado los servicios de JP Mogran y Citi, el banco de inversión designado por el FROB para liderar la venta que quedó suspendida en el primer trimestre de este 2013.

Esta posición de dominio del mercado catalán obligaría a Caixabank a un importante ajuste de red y plantilla en su principal área geográfica. Así lo viene determinando Joaquín Almunia, comisario de la Competencia de la Unión Europea, en operaciones donde un operador cuenta con una posición de evidente control en el mercado. Así, el departamento del eurodiputado español puso como condición para aprobar la compra de la CAM por parte del Sabadell que la red resultante en Alicante, Valencia y Murcia de ambas entidades no sumase más oficinas de las que tenía la ex caja alicantina en el momento de la integración.

“Esta condición se sigue y se continuará aplicando”, aseguran desde Bruselas. Catalunya Caixa cuenta con poco más de 800 oficinas en toda Cataluña. La compra por parte de Caixabank o el Sabadell implicaría ese volumen de clausura de red según las condiciones dictadas por Bruselas. “Cerrar oficinas y despedir empleados siempre es duro, pero mucho más si lo tienes que hacer en caso. El impacto social es elevado", sostiene un alto banquero.

Catalunya Caixa no ha realizado ningún tipo de ajuste, a diferencia de Novagalicia. La estrategia de la anterior cúpula, liderada por Adolf Todó, es que el comprador de la entidad sería el encargado de realizar el ajuste de capacidad. El plan de reestructuración aprobado por Bruselas obliga a la entidad catalana a cerrar toda su red fuera de ámbito de origen, lo que equivale a la salida de más de 2.000 trabajadores, lo que dispara el coste de la reestructuración. Los compradores intentan que sea el FROB quien realice el ajuste pero el organismo presidido por Fernando Restoy prefiere evitar la medida para no reducir su bolsa, dotada actualmente en el entorno de los 11.000 millones.

El Sabadell se resiste, por el momento, a entrar en la subasta. En la anterior puja que quedó desierta, a principios de año, también recibió el encargo de la Generalitat de hacer una oferta importante 

Precisamente, el importante ajuste de personal y oficinas que hay que acometer en Catalunya Caixa es una de las razones que aduce el Sabadell, que anunció la pasada semana un ERTE, para no ser uno de los actores de la puja. Tampoco participará en la de Novagalicia ya que la entidad presidida por Josep Oliú se encuentra en pleno proceso de digestión de sus últimas compras: la red catalana y aragón de Caixa Penedés (BMN), Banco Gallego y la red española del Lloyd's.

"El Sabadell se ha resistido hasta el momento pero si continúan las 'invitaciones' por parte de la Generalitat y el empresariado catalán no tendrá más remedio que entrar en la puja", admite un integrante del lobby catalán. "Mas quiere una entidad financiera catalana con supremacía en el territorio ante la deriva que pueda tomar el asunto independentista", incide esta fuente.

La 'frialdad' del Sabadell sólo podría romperse ante las presiones de la Generalitat por adquirir el negocio de Catalunya Caixa para conformar otra gran entidad catalana por encima de los 200.000 millones en activos y una cuota del 30,6% en aquel mercado, muy cerca del liderazgo de Caixabank (33%). El banco presidido por Oliu ya sufrió el llamamiento de la Generalitat en la segunda subasta.

Entre los dos grandes, Santander ha sido la entidad que más interés ha mostrado en el pasado para hacerse con Catalunya Caixa. Sin embargo, en la última subasta, la entidad presidida por Emilio Botín, al igual que BBVA, no presentaron una oferta con valoración positiva. El Popular fue la única entidad que estaba dispuesto a pagar algo de dinero por la caja nacionalizada catalana pero bastante lejos de los 1.000 millones que solicitaba el FROB. Ahora, el fondo de reestructuración tendrá que conceder ayudas por un mínimo de 4.000 millones para el comprador. Un nuevo dueño que Artur Mas quiere que sea catalán.

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