Infraestructuras

Carmena rechaza cancelar el contrato de la M-30 que Gallardón firmó con Florentino Pérez

El Ayuntamiento acordó hace un año recuperar el contrato para el mantenimiento de Calle 30 por considerar que perjudicaba a las arcas públicas. Sin embargo, el proceso está prácticamente parado y no se prevé que avance al menos hasta las próximas elecciones

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE

Hace casi un año que el Ayuntamiento de Madrid tomó una decisión histórica: recuperar en su totalidad el control de Madrid Calle 30, la sociedad encargada del mantenimiento de la M-30 tras la faraónica obra llevada a cabo por la corporación municipal por entonces liderada por Alberto Ruiz Gallardón, y resolver así el contrato con el socio privado, Emesa (participada al 50% por ACS y Ferrovial). Sin embargo, el entusiasmo con el que se adoptó esta medida, derivada de las conclusiones de la comisión de investigación que se creó a propósito de la polémica por los sobrecostes de la infraestructura, ha decaído hasta el punto de que apenas se han registrado avances en el proceso de la recuperación del contrato, doce meses después de acordar la medida.

En la actualidad, el contrato sigue en vigor y la actividad de Emesa se desarrolla con absoluta normalidad, como antes de que el Ayuntamiento acordará ponerse manos a la obra para la resolución del mismo. Fuentes conocedoras de la situación señalan que los últimos contactos entre el Consistorio (que mantiene el 80% del capital de Madrid Calle 30) y Emesa no se han abordado asuntos relacionados con los pasos a seguir para la resolución del contrato.

La cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, a celebrar a finales del próximo mayo, hace muy complicado que el proceso pueda registrar ni siquiera avances significativos antes de la fecha.

A finales del pasado año, el Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre Calle 30, cuyas conclusiones recogían, entre otros puntos, la recomendación de que el Gobierno municipal recuperara el contrato de mantenimiento, vigente desde 2005, y que contempla una duración de 40 años.

La mejor medida para Madrid

La corporación municipal consideró que la medida era la mejor posible debido a las irregularidades que, según estimó, se habían puesto de manifiesto a lo largo de la comisión de investigación creada al efecto de desmenuzar el modelo creado en su día por el exalcalde Gallardón.

El proceso se avecinaba complejo toda vez que incluiría una necesaria negociación con Emesa, que podría exigir la compensación del valor del contrato más la amortización anticipada de los créditos que había ido concediendo. En total, el montante supera los 200 millones de euros. El contrato incluía una cláusula que obligaba a una salida negociada con indemnizaciones en el caso de ruptura unilateral antes del año 2025.

Por medio, Emasa interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Madrid de aprobar las conclusiones de la citada comisión de investigación, entre las que se incluía la recomendación de recuperar el contrato. Su admisión a trámite complicaba un proceso que, por lo demás, no ha experimentado avances.

La salida del concejal Sánchez Mato

Paradójicamente, el desenlace de la comisión de investigación y la actuación en consecuencia del Ayuntamiento coincidió en el tiempo con la salida del gobierno municipal de Carlos Sánchez Mato, antiguo delegado de Economía y Hacienda y principal responsable de los asuntos relacionados con Madrid Calle 30, hasta el punto de que figuraba como presidente de la sociedad.

Sánchez Mato mantuvo duros enfrentamientos con Emasa durante su presencia en la corporación municipal, una etapa en la que hubo acusaciones mutuas de incumplimientos y en la que el dirigente político no dudó en mostrar su preferencia por que el contrato terminara por resolverse.

Imagen de archivo de Carlos Sánchez Mato (IU).
Imagen de archivo de Carlos Sánchez Mato (IU). Agencia EFE

Sin embargo, poco después de que el Pleno del Ayuntamiento hiciera suyas las conclusiones de la comisión de investigación, la alcaldesa, Manuela Carmena, decidió prescindir de Sánchez Mato tras la batalla que había librado el Consistorio con el Ministerio de Hacienda (dirigido por entonces por el ex ministro Cristóbal Montoro) a cuenta del techo de gasto.

Desde entonces, las aguas bajan algo más calmadas por Madrid Calle 30. En teoría, el proceso para la resolución del contrato sigue en marcha pero los movimientos son prácticamente inexistentes, lo que lleva a pensar que no ha sido ni mucho menos un asunto prioritario en el seno del Ayuntamiento, hecho al que también ha contribuido el que no se hayan registrado anomalías ni incidentes relacionados con el mantenimiento de la infraestructura.

En cualquier caso, será un asunto que pasará prácticamente virgen a la corporación municipal que resulte de las próximas elecciones, lo que deja en el aire el futuro de la concesión.

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