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Bufetes del caso Popular estudian si Santander rompió el secreto durante el proceso de compra

Los abogados analizan detenidamente si Santander incumplió el acuerdo de confidencialidad firmado con Popular al negociar con Blackstone y Lone Star la venta del ladrillo antes de la resolución

Sede de Banco Popular
Sede de Banco Popular GTRES

Los abogados de distintas acusaciones del caso Popular están analizando detenidamente si Santander incumplió el acuerdo de confidencialidad firmado con BancoPopular el 8 de mayo de 2017, una vez que Emilio Saracho ya había arrancado el proceso privado de venta del banco, según fuentes legales consultadas por Vozpópuli.

Emilio Saracho arrancó el proceso de venta de Popular el 5 de mayo de 2017. En esta fecha, remitió sendos acuerdos de confidencialidad, en los que se estipulaban las condiciones del proceso, a los posibles interesados en participar en la operación. En estos contratos existe una cláusula que recoge que la información confidencial, entre la que se incluye la mera existencia del proceso de negociaciones, solo se podía compartir con personal interno de las entidades, con asesores y consultores profesionales y con posibles fuentes de financiación, como las entidades bancarias y potenciales inversores, así como con sus respectivos asesores y consultores.

Según se desprende de documentación incluida en el sumario del caso Popular, el banco que preside Ana Botín negoció con Blackstone y Lone Star la venta de la cartera de activos inmobiliarios de Banco Popular durante mayo de 2017, un mes antes de la caída de la entidad, como adelantó El Economista. "Se han mantenido discusiones iniciales de alto nivel con Blackstone y Lone Star. Ambas firmas están muy interesadas en participar (incluyendo declaraciones de intenciones)", reza un informe elaborado por la división inmobiliaria de Santander en el que se analizan las diferentes alternativas estratégicas relacionadas con el ladrillo de Popular. Está fechado el 21 de mayo de 2017.

"Potenciales inversores"

No está claro si se puede considerar a Blackstone y Lone Star como "potenciales inversores" en la adquisición, pero algunas acusaciones entienden que las negociaciones que mantuvo Santander con los fondos suponen un quebranto de la confidencialidad, por lo que consideran que se ha abierto un nuevo frente legal en el marco de la pieza separada que investiga una posible manipulación del mercado durante el ejercicio 2017. "La Sociedad Receptora será responsable por cualesquiera daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad Divulgadora de resultar del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones o los deberes que del presente Acuerdo se desprenden”, dice otra de las cláusulas del contrato.

Aunque se hubiese incumplido el acuerdo de confidencialidad, hay abogados que, tras haber estudiado este punto, no tienen claro cómo proceder, pues creen que sería Popular, cuya identidad jurídica desaparecerá en breve, quien podría exigir responsabilidades a Santander por esta cuestión. También cabe la posibilidad de que Popular autorizase al banco cántabro a tantear a Blackstone y Lone Star. Además, es previsible que estos ya conociesen el detalle del ladrillo Popular a raíz del Proyecto Sunrise de Ángel Ron.

"Algo normal"

En cualquier caso, fuentes financieras de distintas entidades inciden en que, ante una operación de tal tamaño, es normal que Santander, así como el resto de entidades involucradas en el proceso, consultasen con este tipo de fondos sobre su interés en participar en una hipotética operación. De hecho, poder vender rápidamente los 30.000 millones en activos inmobiliarios de Popular era una de las cuestiones que daban sentido a la adquisición del banco.

Así lo reconoce el Santander en su estudio del ladrillo del Popular. "Para poder reducir rápidamente la exposición a esta cartera, asociarse con este tipo de inversores (en referencia a Blackstone o Lone Star) es crítico y, para que estos inversores estén interesados, los precios oportunistas son clave", expone el informe.

Rompiese o no la confidencialidad de los acuerdos, lo que está claro es que Santander tenía claramente diseñada la compra de Popular semanas antes de su caída. Dos meses después de la intervención y posterior adquisición por un euro, el banco que preside Ana Botín ya había completado una ampliación de capital por 7.000 millones y cerrado el acuerdo con Blackstone para traspasar a una sociedad conjunta el ladrillo del Popular.



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