Déficit

España se enfrenta a nuevos recortes de Bruselas cuando salga del control del déficit por la deuda

Lo más probable es que el país quede sujeto a un nuevo procedimiento: una norma transitoria de reducción de deuda, que exigirá medidas concretas para reducir este parámetro un 2% cada año

COMISARIO EUROPEO PIERRE MOSCOVICI
COMISARIO EUROPEO PIERRE MOSCOVICI Javier Lizon

Tras casi diez años, España abandonará el procedimiento de déficit excesivo en 2018 al dejar el desfase de las cuentas públicas por debajo del 3%. Es una buena noticia, sin duda, pero eso no significa que todo esté resuelto. Una vez que salga del déficit excesivo, entrará en un nuevo procedimiento, "una norma transitoria de reducción de deuda", que permitirá a las autoridades comunitarias exigir nuevas medidas si este parámetro no se reduce dos puntos cada año.

Así consta en el último informe del servicio de estudios de BBVA (BBVA Research), donde se dice que este nuevo procedimiento obligaría a continuar con la mejora estructural del saldo público, lo que se traduciría en la necesidad de acometer nuevas reformas que potenciarán la generación de saldos primarios estructurales para una reducción sostenible de la deuda pública.

En pocas palabras, significa que la lupa de Bruselas deja de apuntar al déficit y se dirige hacia la deuda. Estos años que España ha estado inmersa en el déficit excesivo, podía tirar libremente de deuda para cubrir dicho déficit y otras necesidades del país. Pero se va a cerrar el grifo. En el nuevo procedimiento, las autoridades podrán pedir recortes y reformas para mejorar el funcionamiento de la economía española y contener este parámetro.

¿Cómo funciona este nuevo procedimiento? El economista jefe para España del servicio de estudios, Miguel Cardoso, ha explicado a Vozpópuli que obliga a los países a reducir un 5% el exceso de deuda cada año, teniendo en cuenta que se considera que la deuda, como máximo, debe suponer el 60% del PIB de cada país. En España, la deuda cerró 2017 en el 98,1%, así que el exceso de deuda es casi del 40%. Si aplicamos la norma transitoria, habría que reducir cada año al menos un 2% la deuda para evitar nuevos ajustes.

España tendrá que fijarse un objetivo de superávit estructural a medio plazo, lo que podría exigir ajustes por valor de 30.000 millones

De hecho, para decidir si España entra o no en este procedimiento se analizará lo ocurrido en los tres últimos años, que en este caso serían 2015, 2016 y 2017. Lo cierto es que este parámetro ha bajado en los tres ejercicios, pero en ninguno ha sido capaz de descender dos puntos. El descenso de 2017, por ejemplo, ni siquiera llegó a uno. 

¿Y si no se cumple con este mandato? Pues habrá que hace recortes, exactamente igual que en los peores años del déficit excesivo. O incluso mayores, puesto que este procedimiento es aún más ambicioso. Bruselas puede pedir directamente a España medidas que mejoren los ingresos o que reduzcan los gastos y aseguren superávits suficientes como para poder moderar la deuda, o reformas que ayuden a mejorar la capacidad de crecimiento del país, lo que también ayudaría a bajar el endeudamiento. Es decir, desde nuevas congelaciones en los salarios de los funcionarios a otra reforma laboral.

Según los cálculos de BBVA Research, Bruselas podría llegar a pedir ajustes de hasta tres puntos de PIB a medio plazo, lo que supondría unos 30.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque en este procedimiento se fija un objetivo de superávit estructural a medio plazo, que en este caso será del 0,5% del PIB. Y para llegar hasta ahí, España tiene que hacer un ajuste de esa magnitud. Aunque todo dependerá de lo que entienda por "medio plazo".

Los PGE de 2018, a examen

Lo que está claro es que no habrá espacio para la relajación. Bruselas seguirá reclamando medidas para corregir el déficit y España tendrá que acatarlas para evitar sanciones. En 2016 ya se libró de una multa de más de 2.000 millones por los sucesivos incumplimientos de déficit y si ahora no cumple con la reducción de deuda podría no correr la misma suerte.

Además, hay que recordar que la multa no salió gratis. Para evitarla, el Gobierno se comprometió a hacer cambios en el Impuesto de Sociedades para elevar la recaudación en 6.000 millones, a mejorar los ingresos de la lucha contra el fraude y a adelantar el cierre del Presupuesto de 2016 a julio para evitar aumentos de gasto no previstos. El Banco de España también ha manifestado su preocupación sobre las cuentas que quiere aprobar el Ejecutivo.

Y es que contienen guiños electorales para funcionarios y pensionistas, además de un impulso a la inversión en infraestrucruras y la I+D. Son, sin duda, las cuentas más expansivas de los últimos años y pretenden dar carpetazo a la austeridad. Pero cuidado que nada es gratis, las cuentas impulsarán el PIB, pero pueden elevar el desvío del déficit en dos o tres décimas y eso no gustará nada a las autoridades de Bruselas.



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