Economía alerta: Bruselas puede obligar a una quita a los titulares de las preferentes

No sólo accionistas y bonistas. Los propietarios de participaciones preferentes de los bancos que vayan a recibir ayudas públicas también corren el riesgo de sufrir una quita de su inversión para soportar el coste de la reestructuración de su entidad. "Esperamos que la Unión Europea tenga una mayor flexibilidad con el tema de las preferentes, especialmente en aquellos casos en los que los títulos estén colocados mayoritariamente entre clientes minoristas", aseguró Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía. 

Este aspecto formará parte de las negociaciones sobre las condiciones del rescate al sistema financiero que el Gobierno español está desarrollando en los últimos días con Bruselas. "El tema de la posible quita de las preferentes hay que hablarlo con la Unión Europea, pero confiamos en que sean flexibles", aseveró Jiménez Latorre en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que se desarrolla durante toda esta semana en la UIMP de Santander.

A diferencia de los clientes minoristas, los inversores institucionales podrían quedar fuera de esta solución que Economía pretende negociar con Bruselas. De esta manera, los grandes inversores en preferentes podrían asumir el coste del salvamento de las entidades, como ha sucedido con los accionistas o los tenedores de cualquier instrumento de capital en anteriores rescates. "La Unión Europea tiene como principio que los accionistas o bonistas soporten parte del coste de reestructuración de las entidades. Forma parte del protocolo de la concesión de ayudas públicas", incidió el secretario de Estado de Economía. "La Comisión querrá que se cumplan estas condiciones", añadió.

La inyección a las nacionalizadas, en 4 meses 

Sobre el calendario de concesión de las ayudas a las entidades nacionalizadas, Jiménez Latorre explicó que la inyección de los fondos europeos llegará Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia en un plazo máximo de "tres o cuatro meses", a pesar de que la petición de recapitalización se va a efectuar de forma inmediata. "Si alguna entidad tiene necesidad de liquidez durante este período, Europa pondrá los mecanismos necesarios para cubrir estas necesidades", matizó el número dos de Economía.

Bruselas también impondrá otra de serie de prohibiciones a las entidades que reciban dinero del rescate, como la práctica de políticas comerciales agresivas, especialmente, en la captación de fondos. En la actualidad, las entidades controladas por el FROB están ofreciendo remuneraciones del 4% por sus depósitos, cuando la gran mayoría de la banca sana no llega al 3%, situación que distorsiona la competencia.

"La Comisión Europea lo mira con cuidado, exigirá que se cumplan los principios de ayuda de Estado y de no distorsión de la competencia", aseguró Jiménez Latorre. En esa misma línea incidió Ángel Cano, consejero delegado de BBVA. "La banca pública y privada deben jugar en el mismo terreno de juego el tiempo que convivan", solicitó. 

Jiménez Latorre recordó que las entidades contarán con un plazo de nueve meses desde que se identifiquen sus necesidades de capital para cubrirlas con fondos privados si así lo desean, pero recordó que en caso de no lograrlo dispondrán de apoyo público y deberán asumirlo. "Si una entidad no tiene capacidad para hacer frente (a las necesidades) y se niega a recibir apoyo público, no cumplirá con las exigencias y tendrá un problema", aclaró. En este sentido, agregó que la capacidad de negarse a recibir apoyo público debe ir vinculada a la capacidad de encontrar recursos privados.