Las hoteleras Iberostar y Barceló se suman a la lista de demandadas bajo la Helms-Burton

Las cadenas hoteleras españolas Barceló e Iberostar, junto a la canadiense Blue Diamond y la francesa Accor, se unen a la lista de empresas afectadas por una nueva demanda colectiva presentada en los tribunales estadounidenses bajo el título III de la Ley Helms-Burton. La misma firma de abogados que en casos anteriores, Rivero Mestre LLP, denuncia que estos grupos se lucraron con propiedades expropiadas en Cuba por el Gobierno de Fidel Castro.

Se trata de la misma demanda colectiva presentada hace una semana contra la plataforma alemana de búsqueda de hoteles Trivago, perteneciente al grupo Expedia, en la que se avisaba que podía afectar también a Booking. Al tratarse de acciones colectivas (class action), a la demanda se pueden sumar otros ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hoteleras en Cuba fueron expropiadas y explotadas por estas compañías.

El Gobierno español ha transmitido a los grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a esta oleada de demandas

Esta ley se reactivó el pasado mayo por decisión del presidente Donald Trump y permite a los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras el triunfo de la revolución en 1959 demandar en tribunales de este país a las empresas que estén sacando beneficio de lo incautado, a objeto de conseguir una compensación económica.

Más compensaciones

Además, el título III permite recibir compensaciones por daños mucho mayores que las iniciales, incluso tres veces superiores, señalan fuentes de Vozpópuli, si la compañía no reacciona en un plazo de 30 días después de ser notificada. Es el caso del grupo hotelero Meliá, al que el despacho de Rivero Mestre envió una notificación hace ya más de un mes por gestionar un hotel en Cienfuegos que perteneció a Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano.

El Gobierno español ha transmitido a los grupos hoteleros presentes en Cuba su apoyo frente a esta oleada de demandas. Además, la Unión Europea considera que esa ley contraviene el derecho internacional, y ya adelantó su intención de activar el "estatuto de bloqueo", que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en EE.UU. sobre el Título III y permite a los demandados recibir indemnizaciones en cortes europeas.