Economía

El caso Bankia saca a relucir la grave irresponsabilidad de los reguladores

Aunque ni CNMV ni Banco de España participaran de manera consciente en la presunta estafa de la salida a Bolsa de la entidad, no es posible defender que actuaran con toda la diligencia posible

José María Marin Quemada, presidente de la CNMC ; Rodrigo Rato, expresidente de Bankia; Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV, y Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, expresidente de Banco de España.
José María Marin Quemada, presidente de la CNMC ; Rodrigo Rato, expresidente de Bankia; Fernando Restoy, exvicepresidente de la CNMV, y Miguel Ángel Fernandez Ordóñez, expresidente de Banco de España. Teresa García.

El juicio por el caso Bankia está sacando a relucir las miserias de los principales reguladores de la economía española, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ninguno mostró la diligencia requerible a la hora de permitir la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011.

El otro gran regulador de la economía española, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, poco que ver con el caso de la entidad financiera, también está siendo cuestionado en la actualidad. El organismo no para de anunciar sanciones contra supuestas concertaciones empresariales que dañarían la competencia, y al mismo tiempo admite un chorreo constante de multas suspendidas.

Los principales representantes de Banco de España y CNMV en el momento de la salida a Bolsa de Bankia se han librado de compartir asiento en el banquillo de los acusados con Rodrigo Rato y compañía en el juicio que estos días se celebra en la Audiencia Nacional.

La juez Clara Bayarri, de la Audiencia Nacional,

consideró que existían indicios para inferir que CNMV y BdE avalaron la falsedad contable de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción rechazó a mediados de 2016 citar como investigados al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy, entre otros representantes de los reguladores. El fiscal consideró que no habían participado de forma consciente y voluntaria en la presunta estafa de la salida a Bolsa de Bankia.

A favor de su imputación se mostraron los mismos que habían impulsado la causa contra Bankia. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), representada por el exlíder del partido UPyD, Andrés Herzog, que presentó querella por la operación de salida a Bolsa del banco en 2012 -gracias a la cual están ahora procesados 34 personas, incluyendo la auditora Deloitte-, requirió la imputación de los principales representantes de CNMV y Banco de España. 

Herzog y CIC cargaron contra los responsables del Banco de España por "ocultar" las irregularidades contables detectadas en Bankia, y contra los de la CNMV por "eximir a la entidad de la presentación de sus cuentas anuales auditadas".

Banco de España permitió que Caja Madrid y Bancaja se fusionaran sin reflejar un deterioro de 7.619 millones

Gonzalo Postigo, presidente de CIC, considera que una de las irregularidades más claras en la gestión de Banco de España en el proceso de salida a Bolsa de Bankia, fue que permitiera que Caja Madrid y Bancaja se fusionaran en 2010 sin reflejar en la cuenta de resultados un deterioro de 7.619 millones. "Nos parece muy grave que se permitiera que se cargaran contra reservas ese deterioro", señala Postigo.

Sobre el papel de la CNMV, tampoco entienden las acusaciones que no exigiera más que la aportación de estados financieros que la ceñida a las cuentas trimestrales cerrada a fines de marzo de 2011, y que no se ampliara información sobre la salvedad de auditoría por limitación al alcance de las participadas Bancaja Habitat y CISA.

Voto particular 

Resulta especialmente relevante el voto particular incluido en el auto del Juzgado de Instrucción central número 4, de fecha 11 de mayo de 2017, en el que se acordó el sobreseimiento definitivo de las actuaciones de los representantes de los reguladores españoles. 

Dicho voto particular, expresado en 29 páginas -frente a las 11 páginas del auto de sobreseimiento- está firmado por la magistrada Clara Bayarri García. La juez expone su discrepancia frente al auto y recuerda que la supervisión de las entidades de crédito es competencia del Banco de España, "con facultad paraoponerse a la salida a Bolsa de las mismas", y que esta ha de contar "con la aprobación previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Los inspectores Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets concluyeron que hubo irregularidades en las cuentas de la entidad

"Considero que la contestación dada a las Cajas por el Banco de España era una autorización para ocultar las pérdidas por deterioro cargándolas a reservas en vez de en el pasivo como deberían haber hecho", indica la magistrada. "Estimo que el archivo contra los responsables del Bando de España y la CNMV en el presente momento procesal es precipitada", defiende.

La juez termina concluyendo en su voto particular que existen "indicios múltiples, concurrentes, y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores avalaron y propiciaron con pleno conocimiento, la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia". Y que lo hicieron "a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios (...)".

Los inspectores del Banco de España 

Rodrigo Rato se mostró muy claro en la primera sesión del interrogatorio de esta semana: "Banco de España conocía las tripas de Bankia y nunca nos dijo nada". La defensa del expresidente se ha basado en culpar de todo a esta entidad, presidida entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. 

Y en parte, no le falta razón, aunque el organismo no lo hiciera de manera consciente. Prueba de ello son los informes de dos de los peritos del Banco de España en los que demuestran el mal hacer de sus jefes. 

En sus documentos, los dos inspectores cargan con fuerza contra sus antiguos responsables durante la creación, salida a Bolsa y caída de Bankia, entre 2010 y 2012. Pero también contra los actuales, al insinuar que se ha podido ocultar "información sensible" para el caso.

Los inspectores Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, concluyeron que hubo irregularidades en las cuentas y la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de la entidad nacionalizada.

"Reiteramos que todos los estados financieros de BFA y de Bankia desde su constitución hasta la reformulación no cumplían con la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la situación económica y financiera de dichas entidades", expuso Sánchez Nogueras.

"Son falsas las cuentas de BFA y Bankia incluidas en el folleto. Son falsos los ratios de solvencia y los ratios de mora, puesto que es falsa la información de base para el cálculo de estos índices. Igualmente falsas son las provisiones de insolvencias declaradas. Por las mismas razones también es falsa la información contable contenida en el Resumen del Folleto de emisión para la salida a bolsa de Bankia", señaló por su parte Busquets.

MAFO aseguró que todo lo que encontró era "herencia del pasado", pero estos escritos aluden a que se podría haber ocultado al juez información relevante sobre el caso Bankia.

Sobre las provisiones de las cajas sobre reserva y no contra pérdida, otra irregularidad según la fiscal, el Banco de España también tenía conocimiento y no hizo nada para solucionarlo, aseguró Rato. 

Todas estas irregularidades ocurrieron con 15 técnicos revisando cada paso que daba Bankia

También hay informes oficiales a 31 de marzo en el que el BdE exponía que las reservas hechas en Bankia eran suficientes y que estaban cubiertos para los próximos dos años. También lo dijo la entidad en la carta de diciembre y se retractaron en 2017. 

Cabe destacar que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en 2017 decidió no sentar a los representantes del Banco de España al no encontrar ningún tipo de indicio para imputarlos en la fase oral. 

El caso de la CNMC

El caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el de un organismo que nació maldito, básicamente, por tres razones: la primera, porque el PSOE se negó a pactar con el PP la composición del Consejo, lo que ha derivado en diversas críticas por falta de independencia. La segunda, porque su creación implicó el cese de consejeros cuyo mandato no había terminado, en contra del criterio de la Comisión Europea. Y la tercera, porque se le negaron competencias importantes, como la gestión del espectro radioeléctrico, y se dejó la puerta abierta para que el Gobierno recuperara otras importantes, como una parte de las de energía.

La labor de este organismo es la de evitar las prácticas restrictivas de la competencia, garantizar que se cumplen las reglas del juego en los sectores regulados (energía, audiovisual, telecomunicaciones o postal) y evitar que se perpetúe el denominado 'capitalismo de amiguetes', la versión castiza del crony capitalism. El propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, puso en entredicho, con Rajoy en Moncloa, que el Ejecutivo tuviera la verdadera voluntad de dejar volar libre a este organismo, ante su especial afán por disponer de competencias como las relacionadas con la factura de la luz.

Marín Quemada reconoció en una de sus pocas comparecencias parlamentarias que el organismo, creado en 2013, ha tenido disfunciones en sus primeros años de vida, las cuales atribuyó a su juventud. Sus defensores inciden en que, desde que se constituyó la CNMC, se imponen más sanciones o de un mayor volumen. Sus detractores, destacan la dificultad para que las empresas que cometen infracciones paguen por ello, ante la elevada conflictividad judicial que ha acompañado a este organismo.

En este lustro, los tribunales han anulado, por ejemplo, las multas de 88 millones de euros que se impusieron al conocido como 'cártel de la basura', dos multas de más de 20 millones de euros a Repsol y otra a Telefónica, de 26 millones. Este viernes, trascendía que la Audiencia Nacional ha anulado sanciones por un importe de 57,7 millones de euros a 18 empresas de fabricación papel y cartón ondulado por establecer un cártel para fijar precios y repartirse clientes.

El organismo difundió el pasado mayo el mensaje de que el Tribunal Supremo confirma el 83% de las sanciones que impone. La realidad es que los puntos flacos que incluyen sus resoluciones o el cálculo indebido de la cantidad que las empresas deben pagar han llevado a que las grandes empresas eviten o aplacen el pago de algunas de las multas más cuantiosas que ha impuesto en este tiempo.

Y, lo peor: en algunos casos, como en las sanciones a Repsol, se advertía en los votos particulares del fallo de instrucción que podría ocasionar que las multas se tumbaran.



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